El Concejal Fabricio Bolatti pide al Intendente Martínez que garantice la devolución de los “honorarios” exigidos en un esquema “irregular” de cobro de deudas tributarias. Poniendo de esta forma en pie de igualdad a las y los contribuyentes, ya que la Justicia no va a tener en cuenta estos pagos si llegan a regular “honorarios” en alguna de las demandas iniciadas y posteriormente “desistidas” por la gestión municipal, ante la regularización realizada por quienes habrían sido “supuestamente” judicializados.
“Debemos recordar que los “honorarios extrajudiciales” para representantes legales de los municipios y la provincia, están prohibidos por la Ley 457c, y cuando son establecidos por la Justicia deben alcanzar el 25% de los que corresponden al resto de los y las profesionales”, expresó el Concejal.
«Pareciera que la prioridad es cobrar honorarios y no tributos»
El Ejecutivo Municipal promueve “supuestamente” el cobro de deudas tributarias vía ejecución judicial a gran parte de las y los contribuyentes de la ciudad, ya que solamente las demandas iniciadas en la Justicia de Paz son más de treinta mil (30.000), siendo solo las que no pueden superar el monto de doce mil pesos ($12.000) de capital reclamado. A estos casos hay que sumarle las que pudieron ser presentadas en los 23 juzgados civiles.
“Como es materia opinable, digo: que percibo, observo y creo que si la intención es “recaudar tributos”, hubiera rendido más el inicio de un proceso que facilite el acceso a la información necesaria; que no se hubieran impuesto aumentos tan significativos de los tributos, y especialmente que no se hubiera judicializado el reclamo sin generar un proceso administrativo de aviso e intimación previa, detalles que con lo que estoy seguro se hubiera promovido un mayor cumplimiento y la voluntad de regularizar por parte de morosos, los que se han incrementado ante la situación sanitaria y económica.
Sin embargo la judicialización masiva fue la opción, cuando cobrar por esta vía deudas de bajo monto no llega a generar el interés fiscal que busca cualquier organismo o área dedicada a la recaudación de tributos, ya que es más costoso el proceso que lo que se puede recuperar después de un mediano plazo, y más largo aún en pandemia.
Por lo que atento a cómo se realizaron los pasos desde la gestión, las formalidades exigidas y comprobantes otorgados, y teniendo en cuenta antecedentes que en este tema hubo en gestiones anteriores, especialmente la de Aida Ayala, donde se había generado un sistema para orientar, exigir y asegurarse el cobro de “honorarios” generados por un servicio o gestión “tercerizada” en profesionales externos al municipio, quienes también contaban con el “privilegio” de cobrar como condición para habilitar el ingreso a la Moratoria que permite regularizar.
Este es el esquema base que se vuelve a utilizar en la gestión actual, luego que haya sido frenado e inhabilitado por la gestión de J.M. Capitanich, quien accionó una cantidad justificada de casos vía Fiscalía Municipal y sin imponer monto o concepto alguna a pagar a “terceros” en forma previa a la posibilidad de regularizar o pagar la deuda.
Por eso, decimos que hoy es reeditado y vuelto a aplicar un esquema orientado y dedicado a recaudar “honorarios ilegales” que no quedan en el Municipio, sino que van directamente a manos de terceras personas u objetivos particulares, no conformando la recaudación de recursos públicos que se deben destinar a cumplir la función asignada a los gobiernos locales.
Ante la certeza de la “ilegalidad, de la falta de necesidad de judicializar de esta manera, y ante la visión de que se prioriza y condiciona al pago de este concepto de “honorarios”, justificándose el que se ha hecho un presentación ante la Justicia, es que entendemos se necesita iniciar masivamente presentaciones o demandas judiciales, las que serán rápidamente desistidas ante el cobro por parte de estos “terceros”.
Si se logra concretar un promedio de “honorarios” a exigir, en torno a los $5.000 por causa como se vino cobrando a quienes no deben montos mayores a los $12.000 pesos reclamados ante la Justicia de Paz, estamos hablando de que se generó un escenario de potencial recaudación de $150 millones de pesos sólo para este grupo de deudas menores. Escenario en el que se encuentran el “esfuerzo económico de la ciudadanía” con intereses “ajenos” a la verdadera finalidad que tiene la tributación, haciendo que no se cuente con esta importante cantidad de recursos para atender la demanda y necesidad de obras y servicios municipales, que es por lo que se pagan los impuestos y tasas nuestros vecinos y vecinas.
Por todo esto es que una vez lograda la suspensión (exigimos eliminación) del cobro de “honorarios”, creemos que corresponde la devolución a quienes pagaron condicionados y sin alternativa este concepto ilegal. En esta línea es que presentamos un sexto proyecto referente al tema, donde después plantear la Emergencia, la suspensión de las ejecuciones judiciales, la prohibición
expresa de los honorarios extrajudiciales, de buscar garantizar la instancia administrativa previa, de que se implementen planes de financiamiento para el pago en cuotas y sin interés, entre otros, creemos que corresponde que se reintegren o devuelvan a los vecinos y vecinas los fondos extraídos por esta historia.
