La tensa situación social que vive la ciudad de San Martín tras el crimen de un joven de 23 años, que derivó en puebladas a favor de la policía, marchas de comunidades originarias y en acciones violentas que incluyen -presuntamente- el incendio de la vivienda de un familiar de uno de los efectivos detenidos, el gobernador de la provincia del Chaco se manifestó en redes sociales donde se mostró en contra de las manifestaciones, considerando que las mismas no buscan la verdad sino que la balanza se incline para lo que el sector reclamante quiere.
Así, el gobernador expresó:
Frente a los hechos acaecidos en el día de ayer en San Martín en donde se produjo el incendio en una vivienda de la familia de uno de los detenidos como supuesto responsable del hecho en donde perdiera la vida José Lago es preciso efectuar las siguientes aclaraciones:
1.1. En la provincia de Chaco se respeta la constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio.
1.2.La plena vigencia del estado de derecho implica respetar los siguientes principios:
a) Presunción de inocencia
b) Igualdad ante la ley
c) Debido proceso
d) Defensa en juicio1.3.Es inadmisible y repudiable el uso de justicia por mano propia desconociendo las leyes vigentes
1.4.Un hecho desgraciado no puede ni banalizarse ni debe formar parte de confrontaciones irreductibles ni mucho menos debe propiciar episodios de violencia. Tampoco debe fomentar el odio, la discriminación, el racismo ni la xenofobia.
En esta inteligencia es preciso reconocer la necesidad de una investigación rápida, minuciosa, eficiente que garantice objetividad e imparcialidad.
El Estado se convierte en querellante particular de la causa y promueve la cooperación de organismos especializados a los efectos de esclarecer el hecho para impartir justicia.
Nuestra provincia ha adoptado el juicio por jurado en materia penal estableciendo para este caso que las comunidades originarias tendrán la mitad de la representación como jueces populares a los efectos de garantizar transparencia y participación comunitaria.
Pero al mismo tiempo este desgraciado episodio no debe convertirse en un enfrentamiento entre hermanos. Compete a la justicia identificar a los culpables y al jurado resolver respecto a la culpabilidad del acusado siendo el juez quien debe aplicar la pena.
El gobierno de la provincia siempre ha sido respetuoso de la Constitución Provincial, de las leyes que reglamentan su ejercicio y del Estado de derecho.
Nos jactamos de promover una justicia autónoma e independiente, de elegir a nuestros jueces mediante concurso de antecedentes y oposición incluyendo a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia.
Intereses políticos mezquinos pretenden hacer de este desgraciado suceso una causa política para embretar al gobierno respecto a quien apoya.
Nuestra respuesta es contundente: apoyamos la verdad y la justicia. No a facciones ni a grupos de intereses.
Quien comete un asesinato debe ser condenado, pero el hecho debe ser probado con las garantías constitucionales del debido proceso. El mundo hace muchos siglos derogó fácticamente la ley del talión. No podemos volver a épocas pretéritas.
Son inadmisibles las movilizaciones para ejercer presión innecesaria para quienes deben impartir justicia.
No se trata de una elección entre buenos y malos. Se trata de descubrir la verdad y castigar a los culpables, sea quien fuere.
Así como suscribí 1.389 ascensos a policías, así como adquirimos vehículos, equipamiento, tecnología y nos comprometimos a seguir mejorando los salarios, también exigimos el cumplimiento del deber.
Así como resolvimos la incorporación de 85 agentes, insistimos en una formación que promueva la especialización por cadenas delictivas, diplomaturas, licenciaturas y maestrías para perfeccionar la formación de nuestros cuadros y respetar la ley de seguridad democrática.
Decidimos llamar a concurso para elegir defensor policial y el control policial pero no se cumplieron los requisitos formales y sustanciales para ello. Insistiremos en este y demás puntos.
Las fuerzas de seguridad han sido reconocidas durante la pandemia por el esfuerzo y la vocación de servicio puesta de manifiesto. Lo destacamos una y mil veces.
Queremos una policía altamente calificada, profesionalizada, comprometida con la paz social que combata el delito en cualquiera de las formas. Nada justifica la violencia ni el “gatillo fácil”. Nada justifica la agresión a bienes del Estado ni a agentes de seguridad pública.
Todos y todas debemos bregar por la convivencia armónica y civilizada en una comunidad organizada, democrática con plena vigencia del Estado de derecho.
En nuestra provincia existe división de poderes, calidad institucional y respeto por las instituciones. Si no avanzamos más no es por el oficialismo sino por la oposición que impide una reforma estructural y de fondo.
Aquí no existe feudalismo. Si fue elegido en tres oportunidades sin violar la Constitución Provincial es porque sencillamente el pueblo de nuestra provincia valora el haberla respetado.
Pido a la comunidad de San Martín paz y concordia. Es imperioso el cese de actos de discriminación de cualquiera de las partes.
Pido a todos y todas la madurez necesaria para no politizar un hecho desgraciado que enluta a nuestra comunidad.La seguridad pública es un fenómeno complejo de carácter multifactorial. No lo resuelve sólo la policía ni tampoco la justicia. Tampoco decisiones económicas, sociales o financieras aisladas.
El abordaje del fenómeno de la inseguridad debe enfocarse en forma interdisciplinaria con tres pilares:
Formación de los recursos humanos
Desarrollo de tecnologías de informática y comunicación
Participación social y comunitariaNos estamos ocupando de todos estos temas. Pedimos confianza. Pedimos clemencia y piedad. Pedimos sensatez. Pedimos justicia.
Quien comete un asesinato debe ser condenado, pero el hecho debe ser probado con las garantías constitucionales del debido proceso. El mundo hace muchos siglos derogó fácticamente la ley del talión. No podemos volver a épocas pretéritas.
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) June 18, 2021
