Por medio de un escrito, la Asociación Civil de Policías y Penitenciarios solicitó la imparcialidad y objetividad de la investigación, tras las declaraciones «apresuradas y temerarias» del gobernador Jorge Capitanich que provoca malestar a los empleados policiales y a la sociedad.
La Asociación Civil de Policías y Penitenciarios de la provincia del Chaco, presentó un escrito este viernes al Procurador General, Jorge Canteros, para que intervenga e investigue el caso de los cinco policías detenidos por la muerte de Josué Lagos, en el barrio Los Silos de General San Martín, «en virtud de las apreciaciones apresuradas y temerarias vertidas por el Sr.Gobernador, Jorge Capitanich».
«Conforme a los dichos del mandatario, los empleados involucrados ya fueron juzgados y condenados sin juicio previo y, sin tenerse en cuenta las medidas de prueba como ser pericias balísticas, barridos electrónicos, testimoniales, informes técnicos e informe de autopsia», dice la nota con fecha del 18 junio de este año.
La Asociación que defiende los derechos de los agentes policiales de la provincia, expresó que, «con esta actitud el Poder Ejecutivo no hace más que provocar malestar, no sólo en los empleados policiales afectados por tales dichos, sino a la sociedad, como así también provocar angustía y zozobra al resto del personal policial y sus familiares».
En este punto, solicitan al procurador general, Jorge Canteros que intervenga para que se resguarde la imparcialidad y la objetividad para que:
- Se investigue y determine a través de la Justicia, la VERDAD REAL DE LOS HECHOS, a los efectos de una recta aplicación de la Ley y que se descubra a los responsables de tan lamentable hecho.
- Se respeten todas las Garantias Procesales Administrativas y Constitucionales del personal policial acusado.
- Se investigue y se juzgue a los responsables del ataque al Destacamento Policial del Barrio Los Silos de Gral. San Martiín, que provocó varios empleados policiales lesionados, la evacuación de las personas privadas de su libertad que se hallaban alojados, a disposición de la justicia ordinaria, la destrucción de bienes del Estado (destrucción del destacamento e incendio de una motocicleta del a Institución), y el robo de tres motocicletas del personal que presta servicios en ese lugar, como así también bienes personales entre ellos el arma reglamentaria de uno de los agentes.
- Se garantice la normal actividad y estabilidad laboral de las fuerzas de seguridad de General San Martín, atento a los hechos posteriormente ocurridas y denunciadas como ser amenazas al personal, a sus familiares, incluso el incendio de la vivienda familiar del padre de unos de los empleados aprehendidos.
