Las principales empresas de la medicina prepaga, agrupadas en la Unión Argentina de la Salud (UAS), recurrieron a la Justicia para exigir que se les permita, de manera urgente, aplicar un aumento cercano al 10% en sus servicios porque, alertaron, el sistema de salud “está en llamas” ante la crisis que instaló la pandemia.
Pero la gestión tomó mayor relevancia porque se enmarca en las tensiones entre el titular de la entidad, Claudio Belocopitt, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien volvió a proponer una radical reforma del sistema.
“Las empresas del sector han hecho una presentación colectiva”, explicó el cordobés Rodolfo González Zavala, abogado de Swiss Medical que precisó que fue “Andrés Aznar, el director de Asesoría Jurídica de Swiss Medical, quien lideró y armó la estrategia”.
La medida cautelar se presentó con la firma los representantes legales de un total de 15 compañías, para avanzar con un incremento del 9,77% que permita afrontar los aumentos salariales y compensar parte del desfasaje de los costos.
Para argumentar su pedido, las prepagas se refirieron primero a un informe técnico que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentó en octubre pasado sobre las finanzas de las Empresas de Medicina Prepaga (EMP). Es que, según la ley 26.682, que regula la actividad y que se creó en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, ese organismo es el que determina el monto de actualización de las cuotas.
Alegaron que aquel relevamiento oficial “reconoció un incremento de los costos del 30% en el período analizado”, pero que luego, “sin mayor explicación y en abierta contravención” a la mencionada normativa, en vez de un 30% se autorizó un 25% en total, “y para cobrar recién en diciembre 2020 y en febrero 2021, sin incremento financiero alguno”.
Además, para reforzar su reclamo judicial recurrieron a los fundamentos de la resolución 987/21, con la que el 10 de abril pasado el Ministerio de Salud autorizó los últimos aumentos en las cuotas.
Al respecto, replicaron un fragmento del texto que firmó la ministra de Salud Carla Vizzotti y que indicó que “resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a dotar en forma inmediata, sin dilación alguna, de recursos genuinos al Sistema, que permitan obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria y en especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual”.
En el texto de 28 páginas, los representantes de las EMP volvieron a criticar los aumentos que el gobierno nacional les permitió aplicar entre diciembre y marzo pasado (mediante seis resoluciones que incluyeron contramarchas), que en suma ascendieron al 13,85%. Aseguraron que la suba debería haber sido del 28,64% y señalaron que esa queja se formalizó a través de un reclamo en sede administrativa, que se inició el 28 de marzo pasado.
Repudiaron además la decisión del presidente Alberto Fernández de dar marcha atrás con dos incrementos (en diciembre y febrero) que había autorizado el ministerio de Salud durante la gestión de Ginés González García. “Los fundamentos para los ‘arrepentimientos’ ofenden a la inteligencia”, se quejaron.
