El fallo dispuso que la mujer cumpla prisión domiciliaria debido a su edad de 82 años.
Noemí Lucía Alvarado fue condenada a siete años de prisión efectiva, por la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, que la encontró autora del delito de «promoción a la corrupción de menores agravada porque la víctima era menor de doce de años de edad en concurso ideal con abuso deshonesto, todo en concurso real con ser coautora de la promoción a la corrupción de menores agravada porque la víctima era menor de doce de años de edad».
La sentencia 158/21 dictada por los camaristas Ernesto Azcona, quien presidió el Tribunal, junto a las vocales María Virginia Ise y Natalia Kuray en los expedientes 21.453/2016y 30.361/2016, se refirió a los hechos ocurridos entre los años 1979 y 1986, cuyas víctimas fueron Rosalía Alvarado y María Belén Duet.
Alcances
El fallo dispuso que la condenada cumpla prisión domiciliaria debido a su edad: 82 años. En tal sentido, deberá permanecer en el domicilio fijado para el cumplimiento de la pena del que no podrá ausentarse más allá de lo autorizado, o ante situaciones novedosas, sin autorización judicial, entre otras cargas. Si infringiera alguna de estas normas, podrá reverse la modalidad de cumplimiento de la pena durante su ejecución.
Además, permanecerá bajo la guarda y custodia personal y permanente de un tutor o tutora que ella designara, debiendo comunicarse con el Tribunal el primer día hábil de cada mes por video llamada de whattsapp o medio similar, mientras los expedientes se encuentren tramitando ante la Cámara Tercera en lo Criminal.
El debate
La audiencia oral de debate se llevó adelante de forma remota y presencial (conforme los protocolos de bioseguridad) con actores y jueces contagiados o aislados por contacto estrecho. Además se recibió el testimonio a 27 personas y fueron escuchados los alegatos de las partes por tres días consecutivos.
Durante las audiencias, junto al tribunal, intervinieron: el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera; Amira Nahir Barud y Kevin Boss Nielsen, como representantes de la querella particular, y Lidia Lezcano y Ricardo Urturi como defensores de la imputada.
