El Movimiento por Nuestros Desaparecidos expone en un informe el rezago en el reconocimiento de fallecidos en el país a cuatro días de que el Gobierno nombre al directorio de un nuevo Mecanismo de Identificación Forense.
Un ataúd sin cuerpo. Un cuerpo equivocado. O un cuerpo entregado a una madre en una bolsa negra de plástico sin sellar. Los familiares de personas desaparecidas en México han documentado la crisis forense que existe en el país, donde más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar, según los datos solicitados por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos a través de Transparencia y publicados este jueves en un informe. Una emergencia que las autoridades ya han reconocido y se han comprometido a frenar. El próximo lunes, se dará un paso con el nombramiento del directorio del nuevo Mecanismo de Identificación Forense, un órgano de siete personas impulsado por los familiares de víctimas para hacer los peritajes sobre los cuerpos o restos óseos. Pero las asociaciones critican que la implementación de las medidas es todavía “muy limitada”.
La mayoría de los Estados mexicanos identifican cada mes menos del 20% de los cadáveres que reciben, de acuerdo con información oficial citada en el informe publicado este jueves, que pretende ser un diagnóstico de la situación que sirva al equipo independiente y multidisciplinario del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que será nombrado el 30 de agosto por el Gobierno y la ONU. La situación es “particularmente grave” en ciertas entidades federativas como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, que concentran entre todos el 72% de las personas cuya identidad aún se desconoce.
Este rezago se ha acumulado en los últimos 15 años. Los familiares de desaparecidos lo atribuyen principalmente a dos razones. Uno es el aumento de la violencia a partir del año 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a la calle para combatir a los cárteles. La guerra contra el narcotráfico ha continuado desde entonces.
La segunda razón que señala el informe es el funcionamiento “deficiente” en los servicios forenses. Una de las críticas de los familiares de desaparecidos es la “falta de independencia” de estas instancias, que dependen de las fiscalías estatales pese a que diferentes organismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México lo contrario. “La situación actual de subordinación incrementa la impunidad, la fabricación de culpables, la tortura y la persecución penal por motivos políticos”, indica el informe.
De acuerdo con los familiares de víctimas, además, estos servicios cuentan con personal insuficiente que tiene una formación “inadecuada” y cuenta con “bajos sueldos y contratos temporales”. En México hay 4.111 peritos oficiales asociados a la identificación humana, de acuerdo con el Movimiento Nuestros Desaparecidos, pero no están dedicados exclusivamente a esa tarea. Incluso aunque la contratación de peritos ha aumentado, el volumen de trabajo ha crecido de tal manera en los últimos años que por lo menos 20 entidades han reconocido que conservan cuerpos identificados sin entregar, al menos 2.186 en los últimos 15 años.
Fuente: El País (fragmento nota)
