El Salvador se convirtió este martes en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como moneda legal, en medio de un fuerte escepticismo y advertencias de economistas y organismos financieros internacionales.
El Gobierno de Nayib Bukele asegura que la polémica medida contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PBI, aunque algunos expertos lo cuestionan.
En El Salvador, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6,5 millones de habitantes rechaza el bitcoin impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete verde, según las últimas encuestas.
Siete de cada 10 salvadoreños señalaron estar «en desacuerdo o muy en desacuerdo» con el bitcoin, que circulará a la par del dólar, indicó un reciente sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) que consultó a 1.281 personas a mediados de agosto.
Un 65,7% de los más de 1.500 consultados en otro sondeo del diario La Prensa Gráfica dijo desaprobar la criptomoneda.
La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, asegura que la población se resiste porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica.
El sondeo de la UCA indicó que un 65,2% de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica «Chivo» necesaria para hacer compras y ventas en bitcoins, y no está de acuerdo en que el Gobierno otorgue el equivalente a 30 dólares como estímulo a los usuarios de la criptomoneda, como ha decidido.
«Ese bitcoin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?», dijo José Santos Melara, un veterano de la guerra civil (1980-1992) que el viernes participó en una protesta contra la criptomoneda, informó la agencia de noticias AFP.
Pero Jorge García, un peluquero de 34 años que usa el bitcoin hace tres años, cree que «tiene futuro» y espera que «suba su valor».
La Asamblea Legislativa, alineada con Bukele, aprobó en junio la ley bitcoin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de 150 millones de dólares para garantizar la «convertibilidad automática» del bitcoin al dólar.
El bitcoin tendrá por ley un poder «libertario ilimitado en cualquier transacción».
La ley establece que el tipo de cambio entre la criptomoneda y el dólar «será establecido libremente por el mercado» y obliga a «aceptar bitcoin como forma de pago».
El Gobierno instala a través del país más de 200 «puntos Chivo», cajeros automáticos de bitcoin, algunos custodiados por el Ejército para prevenir posibles daños de opositores.
Economistas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción del bitcoin como moneda junto al dólar.
Tendrá un «impacto negativo» en las condiciones de vida de la población dada la «alta volatilidad del precio de la cotización», e «incidirá en precios de los bienes y servicios», asegura el economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.
En tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) afirmó que el hecho de ser determinado «exclusivamente por el mercado» torna al bitcoin «altamente volátil».
Alentado por una elevada aprobación ciudadana, pero criticado por varias medidas consideradas autoritarias y que afectan la independencia entre los poderes del Estado, Bukele defiende su decisión y tildó de «torpe» a la oposición por «meterle miedo» a la población sobre la criptomoneda.
Fuente: Télam.-
