Así lo dispuso a través del Decreto 711/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, que cuenta con 8 artículos y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
La medida plasma la idea expresada por el Presidente durante varios actos de la campaña electoral, en los que sostuvo que desde el Frente de Todos “nadie quiere más planes sociales” sino que la misión es “convertirlos en trabajo genuino”.
El decreto publicado hoy se enmarca en el contexto de la pospandemia, en la que el Gobierno apunta a la reactivación económica y busca lograr “antes de fin de año recuperar todos los puestos de trabajos perdidos» durante la etapa más severa de despliegue del coronavirus, como lo indicó días atrás el titular de la cartera laboral.
En su artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo «efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado».
Según se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: «Incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados».
En el artículo 2, se indica que «la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad».
Se establece asimismo que «en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada».
«El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios», agrega.
En los casos de pluriempleo, se establece que «deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras».
En el artículo 3 del decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo deberán elaborar un «cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo».
En estos casos, el beneficiario mantendrá «el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora».
Se especifica luego que, «producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral».
En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
En el anexo del decreto se establece que los programas contemplados en el programa son Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y el Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo.
Por eso, en los considerandos, el Ejecutivo señala que “para lograr que los programas mencionados se conviertan en una herramienta eficaz para incentivar el empleo asalariado registrado, es necesario contar con un marco general que permita posteriormente su adaptación a las condiciones y características de cada sector de la actividad”.
El Presidente había anticipado la medida el viernes pasado en el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que «si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo».
«Con ese mismo espíritu actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho», enfatizó aquella vez, porque se necesita «impulsar el empleo registrado».
«Cambiar planes por empleo de debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas», remarcó el mandatario en esa oportunidad.
En esa misma línea, el Gobierno argumentó que “uno de los objetivos principales” del oficialismo es que “los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estas trabajadoras y estos trabajadores al empleo asalariado registrado”.
El gobierno de la derecha política de Jujuy aniquiló al populista de planes sociales
El gobernador de la provincia de Jujuy ha encontrado el sentido democrático y repúblico humillando al populista desde el congreso; llamando a su semejante de: coya, india, negra, ladrona para encubrir a JEMSE su empresa pública privada, en la cual los socios tuvieron altos porcentajes de ganancia en el campo del litio. A la ocasión, ha marcado una alta diferencia entre la empresa extractivista contra la conductora de la Tupac una organización política y social de Jujuy. Para los socios particulares de JEMSE es una ganancia del 100%, sin contar la reprensión a los dueños del territorio, y contaminación ambiental: “La vida y el agua valen más que el litio». Para el otro es una pesadumbre, la criminalización, la destrucción y la marginalización. En resumen, el único perdedor es la provincia de Jujuy. En el norte no trataron la contaminación de plomo ni de otras sustancias químicas, no construyeron hospitales, maternidad infantil, hospital de niñas y niños, escuelas secundarias, escuelas superiores libres y muchas comunidades no cuentan con energía eléctrica, agua potable, ni comunicación satelital. Por otro lado, a falta de una conductora social el populismo ha quedado aniquilado sin vivienda, sin trabajo, mendigando o basureando para obtener su comida de todos los días. Actualmente tienen planes sociales. Pero, no hay obras realizadas, no hay viviendas construidas. Por esa misma razón tanto la provincia de Jujuy y otras están desechando pérdidas millonarias por mes, o acaso por día, puesto que no es tan fácil de construir una vivienda y para más hace falta una conducción social o conductora como Milagro Sala.