A todos los que dicen que no se puede depender del sol, del viento, las mareas o la lluvia, dos palabras: Costa Rica. El país centroamericano lleva años cubriendo la práctica totalidad de su demanda energética exclusivamente con fuentes de origen renovable. Los datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) así lo demuestran. Los déficits de generación se afrontan mediante intercambio con sus vecinos, no con centrales térmicas.
De hecho, con los datos al cierre de octubre, la producción renovable ha supuesto el 99,98% de la demanda energética del país. El presidente, Carlos Alvarado, declaró: «De cara a la COP26, queremos compartir con el mundo que sí es posible consolidar un modelo energético basado en fuentes renovables, así como será posible alcanzar una economía descarbonizada en el 2050». Costa Rica es miembro de la OCDE desde 2020, el primer país de Centroamérica que lo consigue y cuarto de América Latina.
La hidroeléctrica sigue siendo la principal fuente de producción, con un aporte de 73,39%, seguida por la geotermia, con el 13,84%, y eólica con 12,12%, mientras que biomasa y solar acumulan 0,63%.
La primera instalación geotérmica se instaló en 1994 -ya tienen siete-, los primeros aerogeneradores llegaron a Costa Rica en 1996, la primera solar en 2012, etc. Desde 2015 el peor dato de producción renovable fue del 98,21% (2016). Es más, se trabaja a nivel legislativo para prohibir la exportación de gas y petróleo definitivamente, mientras que la deforestación se prohibió en 1996.
Esta producción eléctrica alimenta a 1,5 millones de hogares y 225.000 negocios, por lo que el país se ha ahorrado unos 500 millones de dólares durante los últimos 20 años al haber abandonado el consumo de hidrocarburos para producir electricidad. No obstante, es un país relativamente pequeño, su censo roza los 5,1 millones de habitantes.
La mayoría de los cargadores rápidos y semirrápidos del país (~200) se encuentran fundamentalmente en la capital, San José, y sus aledaños.
En cuanto a su parque vehicular eléctrico, los datos muestran un incremento importante a partir de 2017, según los datos del Registro Nacional de la Propiedad, incentivado por la Ley de Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico de 2018.
El acumulado de vehículos eléctricos matriculados a cierre de septiembre es de 4.340, desglosados en 2.287 automóviles, 806 motocicletas y ciclomotores, más 1.247 vehículos especiales (carros de golf, cuatriciclos, montacargas y vehículos de trabajo). El parque vehicular total es de 1,4 millones de unidades.
La previsión para 2021 es cerrar el año con 5.019 vehículos eléctricos matriculados, 8.643 para 2022, y casi el doble para 2023, 15.893. En la oferta vehicular disponible que lista el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, además de los fabricantes más conocidos, se observa también una notable presencia de fabricantes chinos, algo común a Latinoamérica.
Los objetivos del país son alcanzar la cuota del 70% de taxis y autobuses con cero emisiones para 2035, y que todos lo sean en 2050. Para ese año las emisiones en el transporte se esperan haber reducido en un 20% respecto al escenario base, y que el país entero sea neutro en carbono.
Actualmente el sector del transporte supone el 66% del consumo de hidrocarburos y el 54% de las emisiones de efecto invernadero. Es mucho, sí, pero hay que recordar que la producción eléctrica apenas aporta al cómputo.
La pregunta del millón es, si un país humilde y pequeño puede conseguirlo, ¿por qué no las naciones más desarrolladas? La respuesta más simple que podemos dar es: llevan décadas haciendo los deberes.
Fuente: Noticias Ambientales
