Los tiempos parlamentarios no fueron lo suficientemente veloces para aprobar la prórroga de la Ley 26.160 que ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y suspende los actos administrativos y judiciales de desalojo de las comunidades preexistentes. Mientras, el Gobierno nacional anunció que la continuidad de esa norma será establecida por Decreto de Necesidad y Urgencia dado que la misma vence el 23 de noviembre.
“En los próximos días el Presidente va a firmar el DNU que prorroga la ley vinculada con el censo indígena, que tiene media sanción del Senado, pero no hay tiempo porque se vence el 23 y no llegamos a votarla”, explicó la vocera presidencial Gabriel Cerruti este miércoles.
Antes del anuncio, adentro del Congreso, con el tratamiento en la comisión de Presupuesto de Diputados, como afuera, con el acampe de organizaciones indígenas, se preparaban para dar la batalla.
“Que salga por decreto muestra la debilidad de esta norma de emergencia territorial que fue dictada en 2006, y la situación se ha agudizado porque los pueblos naciones son reservorio de biodiversidad para todes, en cambio para el capital y el mercado son bienes estratégicos, el agua, el litio, los minerales, y las corporaciones locales y extranjeras que los disputan crecieron exponencialmente”, dijo a PáginaI12 Claudia Gotta, secretaria de Pueblos Originarios de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
“Esta ley es la única respuesta que dio el Estado argentino, desde la sanción de la reforma constitucional que reconoció la preexistencia de los pueblos naciones al Estado nacional, y una amplia gama de derechos, reconocimiento reforzado por pactos y convenios internacionales”, agregó.
Dictamen en Diputados para la prorroga de la ley que evita desalojos de tierras indígenas
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable ante la emergencia territorial de pueblos originarios. Fue rubricado por el Frente de Todos y bloques provinciales, mientras que JxC anticipó que presentará su propio dictamen de minoría.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este miércoles dictamen favorable a un proyecto para prorrogar cuatro años la emergencia territorial indígena, que evita los desalojos y vence el próximo martes, en el cual se produjo una fuerte discusión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que objetó que se extienda esa ley por un Decreto de Necesidad y Urgencia.
El despacho que cosechó 27 firmas, fue rubricado por el Frente de Todos y bloques provinciales, mientras que Juntos por el Cambio anticipó que presentará su propio dictamen de minoría, en una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Carlos Heller.
Postura del Frente de Todos
Heller defendió la decisión de prorrogar la ley de emergencia territorial indígena al sostener que “nadie cree que se pueda aprobar la ley antes del 23 de noviembre” y dijo que con el DNU luego el Parlamento tendrá “los tiempos para tratarlo como corresponde” ya que “nadie está diciendo que vamos a reemplazar una ley con un decreto”.
Desde del Frente de Todos, Lucila Masin dijo que “esta es la cuarta prórroga que estamos intentando dictaminar, sobre el Fondo Fiduciario, con un amplio proceso de crecimiento y de auto reconocimiento de las comunidades indígenas, donde la ley ha permitido revalorizar su identidad”.
Juntos por el Cambio y Frente de Izquierda
El legislador de Juntos por el Cambio David Schlereth (Pro) dijo que esta prórroga “no resolvió el problema y va a a tender a agravar episodios que ya están sucediendo”, mientras que su colega de Chubut Ignacio Torres dijo que se suceden “tomas violentas” con lo cual con este proyecto “no se defienden a las víctimas”.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano señaló que “nos sumarnos al reclamo por la prórroga de la ley 26.160, que pierde estado parlamentario el 23 de noviembre. Pedimos que tras la firma del dictamen se llame a Sesión Especial, para no depender solo de un DNU”.
El texto aprobado por el Senado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.
También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales. Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, suspenden desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.
