Con los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados, Nicaragua celebrará en noviembre unas elecciones presidenciales empañadas por la crisis política y en las que el presidente Daniel Ortega buscará su tercera reelección y un quinto mandato presidencial.
En la misma jornada también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.
Al menos 39 opositores han sido detenidos, en un contexto de sanciones internacionales y el impacto del covid-19.
Las elecciones generales para presidente y diputados en Nicaragua serán el 7 de noviembre de 2021, de acuerdo con el calendario oficial del Consejo Supremo Electoral publicado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Entre el 28 de julio y el 2 de agosto estuvo abierta la recepción de postulaciones para las elecciones a presidente y para diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. Las impugnaciones pueden presentarse entre el 13 y 15 de agosto.
En tanto la campaña electoral comenzará el 21 de agosto, y deberá concluir el 3 de noviembre. Está previsto que el 15 de noviembre haya resultados provisionales.
CANDIDATOS
El 2 de agosto se inscribieron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente en el Consejo Supremo Electoral. Aunque la lista final de candidatos se redujo poco después a seis, luego de que al partido CxL le fuera retirada su personería jurídica.
Entre ellas figura la del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ortega busca de esta manera lograr su tercera reelección y su quinto mandato principal. Ya había ocupado la presidencia entre 1985 y 1990, y luego entre 2007 y 2012, 2012 y 2017, y desde 2017 hasta la actualidad, tras una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.
SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS
En abril 2018 estallaron las protestas sociales en Nicaragua, uno de los países de menor desarrollo humano de América Latina, contra la reforma del seguro social, que aumentaba la cuota patronal y laboral y creaba una nueva cotización para los jubilados.
Las violentas manifestaciones masivas en todo el país fueron las primeras en los hasta el momento 11 años de gobierno de Ortega, y dejaron un saldo de cientos de muertos y un clima de tensión en el país.
La Unión Europea introdujo sanciones en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, y el lunes anunció que las había prolongado hasta el 15 de octubre de 2022
Las mismas están dirigidas a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o de represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de derecho.
Actualmente se aplican a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
Mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa, al secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, y a la Caja Rural Nacional (Caruna).
El gobierno de Nicaragua no se ha expresado sobre esta ronda de medidas, pero el Presidente Daniel Ortega ha expresado en reiteradas ocasiones que las sanciones son agresiones a la soberanía del país y constituyen un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
Fuente: CNN en español
