Este martes, de la empresa contratista PIMP, que tiene a su cargo la recolección de residuos en Resistencia, se manifestaron en inmediaciones a la Plaza 25 de Mayo en reclamo por el recorte en el pago de horas extras.
Según indicaron, la empresa PIM S. A. se encuentra intervenida en el marco de la causa que investiga el lavado de activos durante la gestión de Aida Ayala (Lavado ll), y en ese contexto, quien se encuentra como interventora dispuso el corte del pago de horas extras a los trabajadores. «Por disposición arbitraria, la interventora Arzamendia cortó con los trabajadores el pago de las horas extras», señalaron y detallaron que fijó un tope de 30 horas mensuales como máximo.
Los municipales protestaron frente al Tribunal Oral Federal de Resistencia, por calle Yrigoyen 33 y en contacto con TN 24 contaron que el número de barrios demanda más horas de trabajo que lo estipulado por la interventora de la empresa. «Estamos con los mismos camiones desde el año 2014. Hoy prácticamente tenemos que hacer tres barrios con un solo camión y excedemos las horas. No podemos decir cortamos acá porque no nos pagan y que haya gente que quede sin el servicio de recolección, tenemos que cumplir el servicio», manifestó Raúl Elías, delegado del Sindicato de Camioneros Chaco.
Asimismo, aseguraron que el Intendente garantizó los sueldos y que mantuvieron una importante cantidad de reuniones a fin de organizar el servicio en Resistencia y garantizar que llegue a todos abarcando su crecimiento.
También contaron que la inteventora de la empresa dispuso el corte de las cuentas corrientes en casa de repuestos, lo que impide el rápido mantenimiento de los camiones recolectores. «Los camiones necesitan mantenimiento, pero la interventora cortó las cuentas corrientes para poder acceder a repuestos cuando estos se rompen, lo que obliga a tenerlos parados y dejar sin servicio algún barrio».
«No nos merecemos esto. Tener que venir a hacer todo este movimiento y perjudicar a la ciudadanía porque a una mujer se le ocurre tomar esta decisión arbitraria», remarcaron y recordaron que durante la pandemia trabajaron sin interrupción, poniendo en riesgo sus vidas. «No paramos; nos jugamos la vida y una señora que estuvo encerrada durante dos años porque temía por su vida nos viene a tocar los bolsillos porque se le ocurre».
Por último, los recolectores indicaron que tras el reclamo, el juez dispuso unos días para poder citar a la interventora; y pidieron disculpas a la ciudadanía y al intendente de Resistencia por la medida que tuvieron que tomar para que su reclamo sea escuchado.
