El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, encabezaron esta mañana la última reunión del año del Consejo provincial de Seguridad Pública y presentaron el Plan general de Seguridad Pública 2022. “Se trata de una propuesta integral con una importante inversión en infraestructura, equipamiento y tecnología, además de profesionalización de las fuerzas y mayor participación ciudadana”, destacó el mandatario.
Demandará una inversión de 21,5 millones de dólares, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, préstamo que se encuentra en etapa final de aprobación, y se basa en un conjunto de políticas públicas enmarcadas en 10 ejes: bienestar policial, estrategias de seguridad preventiva, reforma institucional e innovación tecnológica, escucha activa, sistema permanente de formación y profesionalización, seguridad municipal, implementación de ejes pendientes de la ley de seguridad pública, fortalecimiento en la investigación de delitos, desarme y control de las armas de fuego y estrategia comunicacional.
Entre otros ítems, prevé una inversión superior a los 2.300 millones de pesos en nuevas comisarías, refacciones y ampliaciones, centros de mediación, destacamentos y la creación de una comisaría de violencia familiar y género. Además, se incrementará en 700 plazas la capacidad del servicio penitenciario provincial y se adquirirán nuevos vehículos y equipamiento tecnológico.
En su discurso, Capitanich reivindicó los tres pilares centrales de las políticas de seguridad pública: recursos humanos, infraestructura y tecnología, y participación comunitaria. Citó así los 52 foros vecinales de seguridad existentes, 26 consejos de seguridad pública municipal, más la millonaria inversión en infraestructura edilicia para la readecuación de las comisarías de toda la provincia y la adquisición de vehículos y equipamiento para optimizar el accionar policial.
Antes, presentó las estadísticas provinciales de evolución del delito en los últimos años, haciendo hincapié en la disminución del número de delitos por cada 100 mil habitantes registrado en los dos últimos años.
La ministra Gloria Zalazar celebró que se haya podido realizar “una nueva reunión del consejo, la última del año 2021, ya que es el ámbito natural para que todos los sectores sean convocados, estén representados y participen en la gestión”.
Participaron de la reunión autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, los foros vecinales, los municipios y los ministerios. “Son áreas que están vinculadas de alguna manera con las estrategias e intervenciones necesarias a nivel socioeconómico para lo que es la seguridad ciudadana con una visión integral y holística”, dijo Zalazar.
Reformas propuestas
El gobernador hizo hincapié en varias reformas que se pretenden impulsar desde el Consejo de Seguridad. En primer lugar, la necesidad de realizar una enmienda constitucional para ampliar la competencia de los municipios en materia de Justicia de Paz. “Es un tema que hemos propuesto desde este consejo y que debe formar parte del debate público; se trata de un mecanismo de intervención de la Justicia con una perspectiva descentralizada que es muy necesario para el tratamiento de las contravenciones”, explicó.
En segundo lugar, se refirió a la necesidad de tratar la emergencia en el Fuero de Familia debido al notorio incremento de casos de conflicto intrafamiliar que motivan movilizaciones sociales. También pidió “comisarías sin chatarras” a raíz del colapso de las playas de depósito de vehículos secuestrados, para lo que se propone un proyecto de descontaminación, compactación y disposición final de automotores.
Por último, dijo que se impulsará un plan de contingencia de mejora de las condiciones de detención transitoria en dependencias policiales para mejorar la situación de las personas alojadas y garantizar las condiciones de trabajo de los agentes policiales, y pidió trabajar conjuntamente con el Poder Judicial propuestas para evitar hacinamiento en comisarías, ya que el 47% de los detenidos se encuentran aún sin condena.
