Alberto Fernández arribó a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py, para declarar como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como «Vialidad» y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fernández negó este martes la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama «mucho la atención» lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Presidente sostuvo que se trata de «decisiones políticas no judiciables», al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
También destacó que el expresidente Néstor Kirchner «siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas» y remarcó que «tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente».
Cuando le preguntaron cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que “son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país”.
Y agregó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.
Le insistieron con la misma pregunta y Fernández profundizó: «todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyen 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el 2003 la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque está toda la producción petrolera y pesquera».
«Nosotros en 2003 o en 2009 y como me pasa a mí ahora, la obra pública es un enorme motorizador de la economía».
Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio de Vido, se quejó de que le hicieran varias veces la misma pregunta.
Y el Presidente agregó: «quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero cada cartera».
Le volvieron a preguntar sobre cómo asignaban los recursos en la Ley de Presupuesto y reiteró: «un presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional».
El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.
El Presidente concurrió a Comodoro Py pese a que por su investidura podía optar por responder un cuestionario escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Fuente: Télam.-
