Un grupo de familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan solicitó a la Justicia que impida la salida del país del expresidente Mauricio Macri, quien había solicitado autorización judicial para viajar a Uruguay el próximo 8 de marzo.
A través de un escrito elaborado por la abogada Valeria Carreras, argumentaron, entre otros motivos, que quien convocó al exmandatario, un fondo de inversión llamado Becon Investment Management, en su invitación no indica ni domicilio ni presenta personería jurídica.
Asimismo, sostienen que para que se le permita a un procesado salir del país “debe mediar un motivo de urgencia, o de salud, o resultar esencial”, y consideran que estas circunstancias no se cumplen en el caso del pedido de Macri.
“Coincidirá el juez en que no se trata de un asunto de vida o muerte, ni siquiera un tema impostergable en cuanto a lo laboral; de hecho, no hay una sola línea en la presentación de Macri que de un indicio sobre la importancia de concurrir a dicha reunión”, afirma la letrada en su escrito.
Agrega que “por no ser una causa eficiente y suficiente que amerite la autorización de salida del país, deberá rechazársela”.
En el escrito también se argumenta que existe “peligro de fuga” al sostener que al exmandatario “no le faltan medios económicos para poder profugarse a cualquier país del mundo sin convenio de extradición con Argentina”.
En diálogo con Télam, Carreras calificó como “casi un insulto, una inmoralidad” este pedido de salida “para concurrir a una reunión de una consultora experta en colocación de fondos o inversiones offshore” como. Y resaltó que «en medio de esta causa resulta dantesco, bizarro, ofensivo, amoral, pedir permiso para algo así”.
Carreras recordó que los procesados, “que tienen prohibida la salida del país, tienen que fundamentar en una causal real, esencial, la salida, por ejemplo un tema de salud, por ejemplo un compromiso ineludible laboral, pero no una reunión para ver dónde invertir offshore dinero”.
Macri había solicitado ausentarse del país mediante un escrito presentado por su abogado, Pablo Lanusse, quien realizó la diligencia ante el juez de la causa, Julián Ercolini.
El pasado 1 de diciembre, Macri fue procesado por el juez federal de Dolores Martín Bava por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el Gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.
Pero a principios de febrero, Bava remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D´Alessio, que ya había pasado a suelo porteño a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Ambos expedientes pasaron a manos del juez Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.
El paso de estos expedientes a Comodoro Py había sido reclamado por el fiscal Juan Pablo Curi luego de que la Cámara de Casación ordenara el paso del caso D´Alessio a los tribunales de Retiro.
