Se realizó en la noche de este jueves el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que contó con el discurso del gobernador Jorge Capitanich en la Casa por la Memoria de Resistencia.
Acompañado de varios funcionarios y miembros de organismos vinculados a los derechos humanos, conmemoraron el aniversario número 46 del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, fecha en alusión al inicio de la última dictadura cívico-militar.
«El 24 de marzo de 1976 se perpetró un golpe de Estado que impuso una dictadura genocida. Que cometió crimenes de lesa humanidad y que implicó 30.000 desaparecidos y 700 centros clandestinos de detención. Pero también el surgimiento de la valientes madres y abuelas de Plaza de Mayo a quien todo el pueblo argentino le debe respeto», aseguró Capitanich en su discurso.
La jornada comenzó con una concentración de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales en la esquina de avenidas Vélez Sarfield y 9 de Julio que se movilizó hasta la Casa por la Memoria.
Luego de este acto institucional, desde las 21 dio inicio el Festival por la Memoria, con múltiples actividades vinculadas a recordar esta etapa de la historia argentina.
El mandatario además recordó que el sistema económico impuesto por la dictadura implicó elevar el porcentaje de pobreza en el país «del 4% al 37%», y se cambió «un sistema productivo por uno especulativo a nivel financiero».
Por otra parte valoró el trabajo de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la secretaria de Derechos Humanos Silvana Pérez, quienes trabajaron en la aplicación de la Ley Micaela y querellas en materia de violencia institucional.
«Nosotros hemos instituido una ley de caracter transversal para la educación contra el odio, la discriminación y toda violación de los derechos humanos, por eso nos parece muy importante en este día remarcar lo que hemos podido hacer y lo que necesitamos seguir haciendo. Guardia de derechos humanos, política de derechos humanos, querellantes particular del Estado en las causas de violencia institucional. El pueblo argentino debe tener memoria respecto a un crimen de lesa humanidad que ocurrió en Napalpí en el cual el Estado ha sido querellante particular de la causa», agregó.
«Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y la justicia es la que debe poner en evidencia a aquellos que perpetraron estos delitos de lesa humanidad. Es importante que todo el pueblo unido sea capaz de resistir ante aquellos grupo económicos de caracter hegemónico de nivel nacional e internacional que promueven el anarco-capitalismo para cercenar los derechos de los pueblos y generar un retroceso en la humanidad», enfatizó.
Finalmente agradeció a los presentes «por honrar con el ejemplo militante la memoria de nuestros hermanas y hermanos que lucharon por una patria libre y soberana».
Las políticas de Estado en el Chaco y los Derechos Humanos
El gobernador además recordó algunas políticas que se llevan adelante desde el Estado chaqueño en acompañamiento al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Entre ellas, desde el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, el Estado tomo la determinación de constituirse en querellante para acompañar el histórico reclamo de los organismos de derechos humanos y garantizar el impulso de estas causas.
Además, es querellante en el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, hecho inescindible en la historia de opresión y de los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia.
También recordó la construcción del primer parque de la Memoria en Margarita Belén; la creación de la Guardia de Derechos Humanos; querellas en casos de violencia institucional; y capacitación obligatoria en Derechos Humanos para los tres poderes del Estado.
Sobre la dictadura
La dictadura militar buscó la instauración de un modelo económico, político y social en perjucio de las grandes mayorías, para contrarrestar la resistencia de los sectores populares, las fuerzas armadas dieron rienda suelta a una represión y exterminio de opositores políticos nunca antes vista, creando a tal fin más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo y ancho del territorio nacional.
El saldo de esta represión fue la desaparición de 30.000 personas, la apropiación de identidad de más de 500 niñas y niños recién nacidos.
En este marco represivo se fueron conformando los primeros colectivos del movimiento de derechos humanos, primero las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que exigían por la aparición con vida de sus hijas e hijos secuestrados, como así también sus nietas y nietos nacidos en cautiverio.
Sus reclamos empezaron a tomar fuerza no solo dentro de la Argentina sino también en distintas partes del mundo, visibilizando así las atrocidades cometidas por el gobierno de facto.
Retornada la democracia mediante la presión de madres, abuelas y sobrevivientes se logro el Juicio a las Juntas Militares, que fue el primer paso para condenar a los responsables de lo más terribles delitos, aunque tiempo después por las leyes de obediencia debida y punto final (también llamadas Leyes de Impunidad) se les garantizó que las fuerzas armadas y de seguridad no tengan que responder ante la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
Allí inició otro proceso de resistencia de los organismos de Derechos Humanos, en plena década de los ’90 signada por el neoliberalismo, surgen nuevos organismos de derechos humanos entre los que se destaca la agrupación H.I.J.O.S con una fuerte impronta juvenil de lucha y con la firme convicción de enjuiciar a los asesinos de sus padres y madres y organizándose de manera federal en distintas regionales del país, para reconstruir las historias de vida de los miles de desaparecidos y reivindicar su lucha.
A partir del año 2003, con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, los derechos humanos se convirtieron en políticas de Estado. Se recuperaron los ex centros clandestinos de detención para transformarlos en espacios de memoria, se iniciaron los juicios a genocidas, se apoyo desde el Estado y se dio espacio para el diseño y ejecución de políticas públicas a los organismos de derechos humanos como nunca antes.
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Con información de Agencia FOCO.
