La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros informa los avances del Acta de Compromiso de Solución Amistosa en el marco del caso Encaje, suscripta en abril de 2021 y ratificada en mayo de 2021 por decreto Nº 940/2021 del gobernador Jorge Capitanich. Luego del pedido de perdón de parte del gobernador Jorge Capitanich, se creó el cargo de Defensor Oficial de Víctimas y se avanzó en políticas públicas proteccionales.
De esta manera el Estado reconoció la vulneración a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley y la protección judicial efectiva (artículos 4, 5, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 del instrumento y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
El 12 de julio de 2021 la parte peticionaria suscribe el Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado Nacional, homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de septiembre de 2021. A poco más de un año de iniciado el diálogo, este proceso logró avances sobre los diferentes puntos planteados, con el acompañamiento y participación activa de la parte peticionante.
Hasta el momento se concretó el emplazamiento de la Escultura en homenaje a las víctimas y sus familiares, la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, a través de la sanción de la Ley 3413-J “Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos”, la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y garantizar la cadena de custodia de las pruebas y efectos secuestrados, para optimizar y agilizar la investigación de las causas penales complejas, a través de la Ley 3514N.
Además continúa la espera de resolución judicial que dispone analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo, y está en proceso abierto de diálogo respecto a la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos y la implementación del Banco Genético Provincial, con compromiso explícito de los tres poderes para darle curso al mismo.
Desde la Secretaría de DDHH y Géneros señalaron que el reconocimiento debe ser el punto de partida ante la necesidad de comprender el abordaje interinstitucional y el diálogo cooperativo para la resolución y tratamiento de estos casos, no solo desde los diferentes poderes, sino también entre el Estado y la parte peticionante, y el Estado provincial y el Estado nacional.
“Fundamentalmente para la transformación de las malas prácticas, a fin de que se puedan dar las modificaciones institucionales necesarias, junto a la implementación de políticas institucionales y proteccionales para la provincia”, señalaron.
El acuerdo
El gobierno del Chaco asumió los siguientes compromisos para reparar integralmente a familiares de las víctimas:
Escultura en homenaje a las víctimas y sus familiares.
Analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo.
Creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las personas víctimas de delitos.
Creación del Observatorio de Víctimas de Delitos.
Sanción de Protocolos para la preservación de la escena del crimen y para garantizar la cadena de custodia de las pruebas y efectos secuestrados, para optimizar y agilizar la investigación de las causas penales complejas.
Implementación del Banco Genético Provincial.
Ratificación y difusión.
El caso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, el 29 de marzo de 2008, una petición en contra de la República Argentina interpuesta por Andrea Valeria Martínez y Silvia Elena Encaje que alegaba la presunta violación de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se habría producido, en el marco de la investigación judicial, del homicidio de Amanda Graciela Encaje y Néstor Blas Vivo, el 8 de abril de 1992 en Resistencia, Chaco.
En la sentencia, dictada el 11 de marzo de 2014, se dispuso el sobreseimiento total y definitivo respecto de dos personas por fallecimiento, y la extinción de la acción penal respecto de otras seis personas por prescripción. El 4 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el Informe de Admisibilidad Nº 33/18, declarando admisible la petición.
Luego de un proceso de diálogo entre el gobierno provincial y la parte peticionante, se realiza el Acta de Compromiso de Solución Amistosa suscripta el 7 de abril de 2021, posteriormente ratificada el 3 de mayo de 2021 por el Decreto Nº 940/2021 del gobernador del Chaco. Este Acuerdo representa el compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos de la Argentina.
