La quinta audiencia por el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, iniciado el pasado 19 de abril en la Casa de las Culturas de Resistencia, llevó las rondas testimoniales al Espacio Memoria y Derechos Humanos ExESMA (avenida Del Libertador 8151), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 19 de mayo serán los alegatos finales de la Fiscalía y las Querellas en la ciudad de Resistencia.
Durante la jornada de este martes 10, prestaron su declaración en calidad de testigos las y los investigadores Marcelo Musante, Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Carlos Salamanca, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo, quienes realizaron un abordaje integral y sostenido en basamentos científicos de lo ocurrido en las reducciones indígenas y sus consecuentes secuelas. Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, se refirió a esta nueva ronda declarativa y expresó: “Estamos transcurriendo un proceso de memoria, verdad y justicia el cual fue muy esperado por los pueblos originarios y por toda la comunidad chaqueña y de Latinoamérica”. “Esta es una deuda que nos tenemos para con nosotros y que tiene que ver con reconocer un crimen de lesa humanidad, un genocidio que se llevó a cabo a través de un plan sistemático por parte del Estado. Napalpí representó explotación laboral y malas condiciones de expropiación de los territorios, por lo que lo principal de este juicio es darle a lo ocurrido la entidad de verdad”, agregó.
Desde la Nación, el investigador Alejandro Jasinski, perteneciente a la Secretaría de DDHH, remarcó: “Las bases del olvido se dieron en tres etapas, en como funcionó el poder Ejecutivo, cómo había funcionado el poder Legislativo y como el Judicial”. “Ha quedado en evidencia cómo a lo largo de la historia se ha intentado evadir el número de la masacre, de las víctimas, tergiversar los hechos”, apuntó en relación a la importancia de llevar adelante un proceso judicial de esta magnitud.
El jueves 12 continuará la sexta audiencia con las declaraciones de Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de los investigadores e investigadoras Valeria Mapelman, Héctor Trinchero, Mariano Nagy y Diana Lenton.
Testimonios
Entre los relatos oídos durante este martes, las voces de los investigadores coincidieron en el hecho de que tanto la persecución realizada por el Estado hacia los pueblos originarios, la falta de políticas en torno a los reclamos laborales y los atropellos que sufrieron fueron desencadenantes de más ataques hacia estas comunidades vulneradas, ya que se generó una idea errónea de que el aval del Estado era suficiente para sostener la violencia institucional y estatal.
Marcelo Musante, en su rol de docente e investigador, señaló que la jerarquización que se daba en aquel entonces, el colocar a las etnias en escalafones sociales mucho más bajos y sin garantías ciudadanías, fue un potenciador para que el asesinato de los residentes de Napalpí se concrete: «Las reducciones indígenas fueron indispensables para llevar a cabo la masacre».
Nicolás Iñigo Carrera, investigador e historiador, aseguró: “Lo sucedido en Napalpí era algo que se conocía, más para quienes estábamos metidos en la investigación del tema pero nadie quería hablar. Los habitantes de la reducción de Napalpí cuando hablaban del tema hacían referencia a unos malos dirigentes que los habían llevado a hacer ese movimiento, haciéndolos rechazar su propia historia. Era un tema que se hablaba en voz baja o directamente no se hablaba”.
Lena Dávila, antropóloga, en su aporte hizo hincapié en las limitaciones que fueron impuestas en cuanto a la contratación de mano de obra indígena, lo que impedía que los pobladores de las comunidades Qom y Moqoit puedan elegir donde trabajar y los obligaba a ajustarse a los parámetros establecidos por el Estado para la cosecha del algodón. “Esta prohibición de migrar como fuerza de trabajo en busca de mejores condiciones de trabajo afectó a los indígenas de la región, pero además se agregó el hecho de que a quienes vivían en la reducción de Napalpi, la administración de la reducción les exigía que entregaran lo producido en la cosecha de algodón y les prohibían terminante venderlo”. “La explotación a la que eran sometidos los trabajadores de Napalpi fue en aumento y esto evidencia el trato desigual de estos trabajadores respecto de cualquier otro trabajador no indígena, quienes si podían vender su fuerza de trabajo a quien quisieran y con mejores salarios”, explicó la investigadora.
“Para pensar la violencia, la verdad y la memoria es indispensable pensar los territorios y sus características, en el caso de Napalpí la sobreexplotación de los cuerpos fue igual a la sobreexplotación del territorio”, agregó Salamanca, investigador, a su turno.
En su testimonio el investigador Alejandro Covello, aseguró: “El 19 de julio de 1924 se vivió el terror desde el aire, y esto abrió la puerta a la masacre de Ricon Bomba y al 16 de julio de 1955. Necesitamos verdad y justicia para no llegar a lo que llegamos, lo que fueron los vuelos de la muerte”. Así mismo, teniendo en cuenta su análisis como piloto, aseguró respecto a los vuelos que se dieron días previos y durante la masacre: “El avión marca el blanco, la fuerza terrestre mata”.
Eva Nazar Gaulo, archivista e investigadora, participe de la recopilación de datos relevantes para esta causa, declaró: “Los archivos no guardan solo información sobre los próceres, no tienen solo la firma de los personajes célebres, conservan el sedimento del accionar continuado de la organizaciones y por eso tienen una triple función ya que permiten que se escriba al historia, que esos documentos puedan ser memoria de las instituciones productoras, pero fundamentalmente brindan las garantías del acceso a los derechos”.
En consonancia con esto, Alejandra Aragón, también archivista e investigadora, sumó respecto a la reconstrucción histórica por medio de archivos: “Esto sirvió para contrastar lo ocurrido con la idea inicial que había de que ocurrió la masacre porque había existido un malón”.
El juicio
Este proceso, el primero en el país en juzgar un etnocidio como crímenes de lesa humanidad, es posible gracias a la articulación de la lucha de las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la investigación de historiadores como Juan Chico, la voluntad y trabajo de la Justicia Federal y una decisión política del Estado provincial de estar a la altura de las circunstancias para dar el acompañamiento merecido.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Nayla Bosch, aseveró: “Sabemos que esto es algo que ocurrió y que tuvo estrecha relación con el Estado y con el sector privado que eran quienes querían hacer uso de las tierras. Estamos hablando de una reducción, podríamos decir que hablamos de un campo de concentración en nuestra provincia del Chaco, entonces lo que hoy estamos juzgando son hechos que fueron negados. Este proceso busca cambiar esas miradas negacionistas, las de quienes niegan lo que sucedió o que entienden que fue un proceso particular, cuando la verdad es que fue una masacre perpetrada por un poder económico con complicidad del Estado nacional en ese momento”.
El objetivo de este proceso es avanzar en una reparación histórica por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en 1924 contra unas 400 personas de las etnias Qom y Moqoit. Se trata de un “juicio por la verdad” debido a que no tiene imputados, y en el que declaran sobrevivientes, descendientes de las víctimas e investigadores y testigos de contexto.
