Después de 40 días de presentado el proyecto del Ejecutivo Municipal por el que se llama a licitación para cubrir las concesiones del servicio de transporte público urbano de pasajeros, modalidad ómnibus, este martes 17 de mayo se estaría poniendo a consideración del Cuerpo de concejalas y concejales -y en segunda lectura- la iniciativa oficial que busca generar un nuevo Sistema de Transporte y que incorpora modificación sobre la base del actual sistema.
El proyecto impulsado por el oficialismo tiene buenos aportes y mejoras establecidas en algunos aspectos puntuales de la prestación del servicio, pero sigue manteniendo la base del sistema iniciado hace 14 años (hoy todavía vigente), donde la ciudad, la tecnología disponible y la demanda, eran otras. Hoy hay nuevas zonas urbanizadas que en parte han sido atendidas con pocos servicios diarios, y otras han sido desatendidas, debiendo sus habitantes trasladarse a avenidas cercanas con más frecuencias de servicios, o bien tuvieron que optar por medios alternativos de traslado, mayormente motocicletas.
Un retoque a los recorridos, un sinceramiento de frecuencias, renovación de unidades, la aplicación del boleto único y un plazo largo de concesión, se suman como lo nuevo y dan forma al esperado cambio. Aunque vemos bastante menos desarrollo que la propuesta elevada durante su mandato por el entonces Intendente Jorge Capitanich.
Textos del Pliego otorgan “discrecionalidad” al intendente para definir aspectos centrales
El pliego que se va a tratar contiene el conjunto de autorizaciones, condiciones generales y particulares que se deben cumplir en el proceso de licitación, contratación y en la consecuente y posterior prestación de servicios, y necesita dos tercios (2/3) de los votos del Concejo para su aprobación.
Lo correcto sería la elección de los mejores y más capaces oferentes, sin embargo, se deja exclusivamente en manos del Intendente la elección de quienes integran la Comisión de Preadjudicación, encargados de dictaminar sobre la preferencia de los oferentes y elevarlo al Ejecutivo para la selección definitiva. Así, se concentra la facultad de elegir quiénes evaluarán a los oferentes discrecionalmente, aplicando el mismo criterio que conduce el caso de las “obras más caras del mundo” (Plaza 25 de Mayo, Parque 2 de Febrero y Parque Laguna Argüello), teniendo en cuenta un dictamen que no se define como vinculante.
Fiel al estilo de gestión, todo se sintetiza en la voluntad del Intendente
No sólo no hay mecanismos que garanticen transparencia para la elección, tampoco se limita la posibilidad de otorgar todas las líneas a una sola empresa, lo que sería concentrar la prestación de un servicio tan sensible como importante, como lo es el transporte público urbano de pasajeros en un solo oferente.
Esto generaría una dependencia tan importante que normalmente logran imponerse en las negociaciones de tarifas, calidad de servicio y todo lo pendiente de una disputa previa, lo que a su vez y por naturaleza pasa a ser un atractivo para grandes empresas, que en su andar van dejando fuera a las y los casos de empresas chaqueñas, que no pueden competir con estos grandes intereses.
Pretendemos aportar a mejorar las bases legales y contractuales bajo tratamiento
Bolatti y Frías suscribieron su propio despacho en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, donde realizaron aportes de formas buscando los “resguardos” necesarios para garantizar mayor transparencia, acceso a la información, posibilidades de control y seguimiento permanente por parte de las y los Concejales de todas las expresiones políticas.
Para ello, propusieron una integración mixta de la Comisión, la que pasaría a ser quien defina por mayoría la mejor propuesta por línea de servicios -en la que la mayoría corresponde al Ejecutivo Municipal porque sigue siendo quien tuvo el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las elecciones- pero se garantiza la participación de las restantes expresiones políticas, que tendrán acceso a toda la información necesaria y emitirán su voto para elegir el concesionario de cada línea, empresa, grupo de empresas o grupo económico que no podrá obtener más de dos líneas, evitando así el gran error de permitir que un solo oferente se quede con la prestación del Sistema.
Otra propuesta que pusieron a consideración del resto del Cuerpo, fue que la autoridad de aplicación (Ejecutivo) informe trimestralmente al Concejo Municipal sobre la situación de cumplimiento de recorridos, frecuencias y estado de las unidades, la recepción o no de denuncias, reclamos o quejas de usuarios, cantidad de boletos o viajes y por tipo de usuarios que atendió el sistema, recaudación y subsidios recibidos.
Un proceso más rescatable se dio en el Concejo
En este plazo de vida de la iniciativa se logró, aunque con poca difusión en la convocatoria, la realización de la Audiencia Pública reglamentaria y de cuatro reuniones en distintos lugares de la ciudad, donde los vecinos que participaron pudieron proponer y mejorar la iniciativa en aspectos puntuales.
Tanto las propuestas de vecinos que participaron, como la de los ediles, fueron analizadas y en algunos casos incorporadas en el despacho del oficialismo CER y sus aliados de la UCR (bloque que viene teniendo asistencia perfecta a la hora de lograr las mayorías especiales necesarias, como ser el dos tercio (8 votos) que se requieren para autorizar endeudamientos, aumento de impuestos o autorizar regímenes de concesiones). Pero como bien lo dijimos, fueron “algunas“ las modificaciones realizadas sobre el texto original, por lo que podemos inferir que las otras no fueron incorporadas.
Nuevamente, nuestras insistencias y advertencias de lo que podría tener como efecto determinado texto que se sostenga y se formalice como parte de la norma, con la sanción de la misma por parte del Concejo, no tuvieron eco.
Si no se modifican o se incorporan aspectos puntuales, todo el proceso habría sido en vano y una vez más estaríamos aportando a concentrar facultades de decisión sobre los recursos y patrimonio de la ciudad en una sola persona o cargo, quien además se está caracterizando, no sólo por no responder los pedidos de informe -a los que está obligado- sino también por ocultar e impedir el acceso a la letra chica de la gestión, necesaria para poder hacer el seguimiento y control por parte de quienes tenemos esa responsabilidad.
