Es parte de la implementación de procesos participativos de gestión de conflictos comunitarios y vecinales. Fortalecer la red de mediadores garantiza el acceso a justicia y promueve herramientas pacificadoras en toda la provincia.
La subsecretaria de Justicia Lourdes Polo Budzovsky firmó con la intendenta de Santa Sylvina Susana Maggio el convenio de adhesión a la localidad a la Red de Mediadores Comunitarios. En la oportunidad, también se entregaron matrículas a las y los nuevos mediadores de la ciudad.
Estos convenios se dan en cumplimiento de la Ley Integral de Mediación, N° 3323-C, y forman parte del desarrollo del Programa de Mediación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.
Hasta la fecha, se encuentran matriculados 36 mediadores comunitarios. Una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que promueve la formación del personal municipal de 18 localidades, para que se desempeñen como mediadoras y mediadores en cada municipio y colaboren en la reducción de la conflictividad.
La formación básica es dictada por la Dirección Nacional de Mediación y MPRC, y por la Fundación Instituto de Mediación, en articulación con la Subsecretaría de Justicia de la provincia. En marzo de este año finalizó un curso de formación dictado por la Dirección Nacional de Mediación, en el que se capacitaron 53 personas de toda la provincia, y en abril se presentó la plataforma virtual elaborada para llevar un registro de mediadores judiciales y extrajudiciales.
Las matrículas entregadas fueron para 36 mediadores de Barranqueras, Colonia Elisa, Colonias Unidas, El Sauzalito, Laguna Blanca, Las Breñas, Miraflores, Quitilipi, Sáenz Peña, Samuhú, ahora también Santa Sylvina, entre otras localidades de toda la provincia.
Sobre el Programa de Mediación Comunitaria
La mediación comunitaria es una instancia de diálogo voluntario que intenta solucionar las diferencias y los conflictos entre vecinas y vecinos, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Se pretende descentralizar la administración de justicia cooperando con los municipios en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Esto permite reducir el nivel de judicialización y genera canales institucionales para la protección de derechos con base en el ordenamiento jurídico, con respuestas apropiadas, efectivas, voluntarias y oportunas a las necesidades comunitarias.
Los procesos incluidos son casos de ruidos y vibraciones molestas, olores, humo, higiene, medianería y construcción, mascotas, etc. y funcionará en mediación a pedido de un vecino. por derivación del Estado u otra organización, o por iniciativa de mediadores. En todos los casos, la mediación estará dirigida por mediadores imparciales y neutrales, facilitadores del diálogo para que los vecinos protagonistas arriben al acuerdo.
