De qué vivían los integrantes del grupo de vendedores de copos de nieve y si recibieron apoyo logístico o financiero para llevar adelante tareas de inteligencia son algunas de las preguntas que por estas horas se hacen los investigadores del atentado contra Cristina Kirchner.
Según dijeron fuentes de la investigación a este medio, ya se acreditó que al menos algunos de los vendedores de algodón de azúcar -entre ellos, Nicolás Gabriel Carrizo, que se identificaba como “el jefe”- hicieron inteligencia las semanas previas al atentado en la puerta de la casa de la vicepresidenta, en las calles Juncal y Uruguay, incluso antes de que empezaran allí las concentraciones de manifestantes y militantes. De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, a ese grupo de vendedores pertenecían también los dos detenidos por este caso, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
La pregunta sobre los ingresos surge porque, según los investigadores, contaban con tiempo libre para realizar los trabajos previos. Se cree que no vivían de la venta de copos de azúcar; se están analizando sus contactos y sus movimientos de dinero. De acuerdo con testimonios reunidos, Uliarte fue recibida cerca del mediodía del viernes por Carrizo, quien declaró en la justicia ser dueño de la máquina que fabrica los copos de azúcar, y Eduardo Orozco, que declaró ser vendedor.
Carrizo y Orozco declararon como testigos y no están imputados en la causa. Pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) investiga el contenido de sus teléfonos celulares a los fines de saber qué grado de vinculación tuvieron con el hecho que se les imputa a Sabag Montiel (a quien llamaban Nando) y a Uliarte. Se busca saber si los celulares fueron manipulados antes de ser entregados a la Justicia para eliminar o descartar información, ya que se encontró material borrado.
Con respecto al teléfono de Uliarte, que declaró el martes pasado en Comodoro Py y buscó desligarse del hecho, la PSA terminó de extraer la información del aparato -en total 120 gigabytes de información- y desbloqueó un documento encriptado que será analizado.
Mientras tanto, también se lleva adelante “el peritaje del peritaje”, como dicen en lo tribunales de Comodoro Py, para esclarecer qué pasó con el celular de Sabag Montiel, cuya información se perdió. Se sospecha que eso ocurrió mientras estuvo en manos de los técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA) para que fuera extraído su contenido con la utilización de un software específico, algo que no se logró.
