La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia “indeclinable” a su cargo que asumió en diciembre de 2019, tras denunciar violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo en la comunidad mapuche en Villa Mascardi.
A través de una carta presentada al presidente Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora ex funcionaria dijo que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.
En el texto, Gómez Alcorta se expresó de manera crítica por “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”, ya que “constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”. Y si asegura que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo “responsabilidad directa” en las instrucciones del desalojo, “la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional”.
“En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, sostuvo.
La decisión de Elizabeth Gómez Alcorta se produjo apenas horas después de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había desmentido rumores sobre cambios en el Gabinete de ministros y también había resaltado la intervención de la ministra sobre el desalojo. A lo largo del jueves, Gómez Alcorta había cuestionado las medidas dispuestas por la jueza contra las siete mujeres de la lof Lafken Winkul Mapu, por disponer la detención y el traslado de cuatro de ellas hacia el penal de Ezeiza, en medio de los hechos violencia en la zona con ataques vandálicos a propiedades del Estado nacional y a estancias privadas.
En ese marco, la ministra presentó escritos y acciones judiciales desde el MMGyD, tras calificar la situación de “sumamente preocupante”, porque dos de las detenidas tienen hijos recién nacidos y son madres lactantes, mientras que otra cursa un embarazo avanzado. Entre los distintos argumentos expresados, la abogada cuestionó que las personas implicadas hayan “estado incomunicadas durante 48 horas”, sin derecho a contar con un abogado particular, y apuntó contra la jueza por incumplir jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) sobre el traslado de personas privadas de su libertad.
Abogada de derechos humanos (UBA), y con un mágister en Ciencia Política y Sociología (FLACSO), la activista feminista y militante de izquierda fue la primera funcionaria del país en encabezar un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Antes había sido funcionaria del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y docente en la Facultad de Derecho de la UBA.
