Este marte la Secretaria de Comercio asesoró a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar investigaciones por «presuntas prácticas anticompetitivas» de empresas de consumo masivo que elevaron precios de productos «por encima de la inflación general» y abusaron así de su posición dominante en el mercado.
Así lo establece la Resolución 68/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, que ordena a Defensa de la Competencia investigar a «aquellas empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado».
El órgano, dependiente de la misma Secretaría de Comercio, deberá remitir un informe de los avances de esta investigación en un plazo máximo de 30 días.
Entre los considerados, la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial cita a la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos entre firmas para «limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia» o que «constituyan abuso de una posición dominante».
De esta manera señala a «conductas anticompetitivas sancionables por el ordenamiento de defensa de la competencia» con la posibilidad de multas «vinculadas con el volumen de negocio» de las empresas.
La investigación ordenada por el área de Matías Tombolini responde a un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, a cargo de Hernán Toledo, que indicó que hay empresas de consumo masivo que, «en el transcurso del presente año, han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción».
Si bien no se especifica cuáles son estas empresas, la resolución indica que se trata de «mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos» de «producción mayormente nacional».
