En un fallo cuyo impacto político, el 6 de diciembre, la Justicia Federal argentina condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos por “administración fraudulenta”, en el llamado “juicio de Vialidad”.
El tribunal condenó a la vicepresidenta de la Nación, al encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, aunque la absolvió por el cargo de “asociación ilícita”. Es la primera vez que se condena a un vicepresidente de la Nación en ejercicio.
Desde el edificio de Comodoro Py, la sentencia fue leída a las 17.30 por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, a quien acompañaron los otros integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los fiscales, las defensas y los acusados, siguieron la audiencia por Zoom.
Según la Fiscalía, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares (953 millones de euros) durante los dos mandatos de Kirchner como presidenta, entre 2007 y 2015.
Choque frontal entre los poderes ejecutivo y judicial
La sentencia contra CFK ha puesto al descubierto el alarmante deterioro de las instituciones de la democracia argentina y el choque frontal entre los poderes ejecutivo y judicial. Es que el fallo se dio en medio del escándalo político por las filtraciones ilegales que desnudan la connivencia entre jueces, empresarios y funcionarios macristas. Uno de ellos es, precisamente, Julián Ercolini, actualmente juez federal e impulsor de la Causa Vialidad en sus comienzos.
La sentencia fue recibida con entusiasmo por la oposición al peronismo gobernante, que, enarbolando la lucha contra la corrupción, salió en tromba contra las dos veces presidenta. Para el Gobierno, sin embargo, se condenó “a una persona inocente” en un “simulacro de juicio”, como dijo el presidente, Alberto Fernández. Kirchner, cuyo actual aforamiento la protege de la cárcel, habló de “mafia judicial” y “pelotón de fusilamiento”.
La vicepresidenta dijo ser víctima del “Partido Judicial”, denunció un entramado de funcionarios judiciales, políticos opositores y empresarios de medios, dijo que “la condena real es la inhabilitación” que se le impuso y anunció que no será candidata en 2023 para ningún cargo.
Con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, se corona un proceso judicial que tuvo como objetivo buscar la proscripción política de Cristina Kirchner.
La condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos dejan en evidencia el objetivo de estas causas judiciales: la proscripción, y no la cartelización de la obra pública, el enriquecimiento dudoso de empresarios y su relación con funcionarios públicos.
