Alberto Fernández se reunió este mediodía con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia) para discutir y acordar una postura común respecto al fallo que ayer dio a conocer la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión que se tomó en esa reunión fue no acatar el fallo de la Corte Suprema. La decisión política -que se definió en conjunto- es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.
El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.
En el encuentro de hoy estuvieron en forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El máximo tribunal, a través de una medida cautelar, resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.
