“A Lucía la sacaron viva de mi casa y la trajeron muerta. La mataron de la forma más perversa, la violaron, la reventaron toda. Eso debe ser castigado”, dijo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, asesinada a sus 16 años en 2016. Después de atravesar el espanto del femicidio de su hija y de escuchar que un Tribunal absolviera a los acusados, Marta Montero recuperará desde mañana martes la esperanza cuando empiece el segundo juicio, a más de seis años del crimen.
Las audiencias comenzarán el 7 de febrero de 2023 en los Tribunales de Mar del Plata y se estima que el debate ocupe todo el mes de febrero para escuchar el veredicto, a más tardar, el 1° de marzo próximo. El nuevo proceso fue ordenado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anulara la absolución de Juan Pablo Offidani (47) y Matías Gabriel Farías (28), los dos imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en un primer debate oral.
El juicio se desarrollará ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, quienes deberán definir la responsabilidad penal de los dos hombres, acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso real con femicidio, que contempla una pena a prisión perpetua.
Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1), integrado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía.
Sin embargo, fueron absueltos por la acusación de abuso sexual seguido de muerte. En agosto de 2020 el Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones, dispuso la “nulidad” del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo. El fallo de Casación fue confirmado un año más tarde por la Corte provincial, pese a los recursos presentados por la defensa de los imputados.
Para Gómez Urso, Viñas y Carnevale la muerte de la estudiante no fue un femicidio ni hubo abuso sexual de parte de los adultos, sino relaciones consensuadas con uno de ellos, el más joven, que a la vez le vendía cocaína.
En un fallo de 71 páginas, los jueces (dos de los cuales enfrentan un juicio político y el otro renunció a su cargo tras el escándalo) argumentaron su posición en cinco puntos: el mal desempeño de la fiscal María Isabel Sánchez, que condicionó a la opinión pública al instalar un “empalamiento” sufrido por la víctima que no existió, la vida privada de Pérez, los chats que la chica tuvo con sus amigas y con el más joven de los imputados en las horas previas al hecho, la autopsia, y la actitud de Farías durante la relación con Lucía y después de su muerte.
Para la fiscal Sánchez, la mañana de aquel 8 de octubre, Farías y Offidani, en la camioneta de este último, pasaron a buscar a Lucía y la llevaron hasta la casa donde vivía Farías con la finalidad de abusar sexualmente de ella, aprovechándose de su condición de consumidora problemática.
De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de cannabis.
La fiscalía planteó que hubo violencia y abuso de sustancias y que esa situación llevó a la muerte a Pérez, a quien Offidani, junto al cómplice, llevó en su camioneta al hospital. Pero los jueces desestimaron el trabajo de la fiscal.
Consideraron que “expuso sin ningún tipo de tapujo que la menor Lucía Pérez había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal” o que había sido una “horripilante historia surgida de la propia imaginación de la Dra. Sánchez”.
Con consideraciones de tinte misógino, algunas pruebas forenses y la interpretación del comportamiento de Farías, le dieron la razón a la abogada defensora de los acusados, quien planteó que las relaciones habían sido consensuadas, y que la muerte de Lucía se debió exclusivamente a la sobredosis.
“La clave del debate va a ser eliminar los prejuicios que impidieron que se hiciera justicia la vez anterior. Venimos con la misma prueba, no es que se pudo incorporar prueba nueva. Casación y la Corte dijeron que la sentencia dictada por los jueces en cuanto a la absolución y la culpabilización de Lucía era nulo porque los jueces se habían apartado de la imparcialidad. Es decir que el prejuicio los hizo parciales y les impidió cumplir con su obligación. Por eso decimos que este es el verdadero juicio porque entendemos que tenemos tres jueces imparciales”, explicó Verónica Ojeda, una de las dos abogadas de la familia Pérez Montero, junto a Florencia Piermarini.
En este nuevo debate, los acusados no estarán en la sala y observarán el juicio a través de videoconferencia desde el penal donde están alojados. Se estima que declararán 49 testigos. La lista, que contemplaba un total de 80, se redujo el pasado jueves después de una audiencia entre las partes.
El martes 7 serán los alegatos de apertura y declararán los familiares de Lucía, lo que les permitirá poder asistir al resto del debate. El desarrollo de la prueba de la parte acusadora continuará hasta el 14 de febrero, día que la víctima cumpliría 23 años. Una jornada clave para el juicio podría ser el jueves 9 de febrero, cuando declaren los peritos forenses.
“Atravesar de nuevo todo esto que ya lo vivimos es difícil. Hay que aguantar y seguir escuchando. Estamos firmes como familia y con la gente que nos acompaña siempre. Seguiremos adelante, no tenemos otra manera. Lucía tiene que tener justicia, debe tener justicia, lo que hizo el Tribunal no tiene asidero, es una cosa espantosa. La culparon de su propia muerte y los dejaron libres, es inusual, no ha habido una sentencia tan cruel y tan perversa. Espero que sea la condena más alta, lo que debe ser”, afirmó Marta Montero, la madre de Lucía.
