El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga abrieron las jornadas de Fortalecimiento y Descentralización de los Gobiernos locales en materia de Consumidor, dirigidas a funcionarios y técnicos de más de 30 municipios. “Es necesario corregir los desbalances y las asimetrías que existen entre producción y consumidores y que los derechos del consumidor sean protegidos”, indicó el mandatario.
El evento organizado por la subsecretaría de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, dependiente del ministerio de Producción, Industria y Empleo, se realizó en el salón Casa Blanca Amerian, como parte de las distintas actividades que se realizan por el día internacional de los derechos de las y los consumidores celebrado el 15 de marzo pasado. El objetivo es crear un espacio de capacitaciones y para el intercambio de experiencias con directores, responsables de oficinas, delegadas y referentes de la temática.
“Las y los consumidores deben conocer sus derechos y deben reclamar el abuso de la posición dominante, porque el ejercicio monopólico del poder en un sistema capitalista termina siendo perverso: pulveriza salarios, agudiza las desigualdades sociales y genera exclusión”, manifestó Capitanich. En ese sentido, resaltó que desde el Gobierno provincial se propicia la descentralización de las políticas públicas “porque las y los intendentes deben tener conciencia de lo que significa fortalecer las capacidades institucionales de estas áreas”.
Tal es así que con la aceleración de la agenda digital, devenida con la pandemia, en toda la provincia se pasó de 6 a 37 oficinas o dependencias municipales, y por citar un ejemplo del trabajo realizado, sólo en 2022 se digitalizaron 1.321 expedientes en papel pertenecientes a 54 municipios. Antes de la implementación del sistema esto implicaba el traslado hasta alguna de las seis oficinas originales o en muchos casos perder la oportunidad del reclamo.
Por eso el eje de descentralización para este encuentro está basado en tres puntos clave: capacidad técnica y administrativa de los municipios, recursos presupuestarios y educación del consumidor para la defensa de sus derechos. “El rol de las oficinas de defensa al consumidor es imprescindible para defender a los más débiles de la cadena y lograr parámetros de mayor equidad distributiva en la sociedad”, sostuvo el gobernador.
Capitanich también insistió en la idea de reformar el procedimiento en el Juzgado Civil y Comercial, de manera que las causas se resuelvan por juicios por jurados, para lo cual propuso una agenda de trabajo con el Superior Tribunal de Justicia. “Esa es la manera de garantizar transparencia y en virtud de la cual se puedan esclarecer los hechos, porque se determina por qué efectivamente un comerciante comete abuso respecto a un consumidor. Me parece que eso debe formar parte también de las oficinas del consumidor y del fortalecimiento de la ley”, consideró.
Del evento participaron además el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, y la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, además de las y los delegados de los municipios.
VANGUARDIA EN DERECHO AL CONSUMIDOR
El ministro Lifton recordó que la defensa al consumidor, la competencia y derechos de los consumidores era una materia pendiente que tenía la provincia. “La defensa al consumidor requiere territorialidad y la presencia del Estado en conjunto con los municipios”, indicó, y dijo que es por eso que el Gobierno impulsa como objetivo central un esquema de descentralización de las políticas públicas. “Hoy tenemos más del 70 por ciento de la provincia cubierta”, destacó.
Ludmila Voloj resaltó que Chaco “está a la vanguardia en derecho al consumidor por la constitución, la capacitación y los nuevos servicios jurídicos alcanzados”. Tal es así que es la primera provincia a nivel nacional en contar con una oficina con intérpretes para atender a las comunidades originarias y en implementar la primera etapa de la Ley de Talles.
La funcionaria comentó además que la jornada está pensada en función de dos temas esenciales: uno con la Defensoría del Pueblo para tratar el abordaje integral de los reclamos colectivos y otro que es el abordaje del cibercrimen. “La nueva agenda de materia de consumo tiene que ver con nuevas formas que el mercado encontró para abusar del consumidor en los medios electrónicos”, explicó.
Advirtió también que las y los consumidores exigen cada vez más, lo que se traduce en demandas no sólo para con el mercado sino también para con los gobiernos locales en el acceso a bienes y servicios públicos. “Los desafíos están dados en buscar un nuevo marco constitucional que contengan las nuevas demandas y tener una capacidad de respuesta mucho más rápida”, señaló.
