La Defensoría del Pueblo hace 15 días realizó una presentación de oficio a Vialidad Nacional y volvió a realizar una solicitud de no aplicación de los incrementos tarifarios previstos en la Resolución 2023-681 apn, hasta que primero no se garantice una efectiva participación de las y los usuarios, al igual que el acceso a la información veraz, completa y detallada, que evidencie dicho aumento. En la misma, se hizo la recomendación que se modifique el procedimiento de participación ciudadana, previo a todo incremento tarifario, utilizando el mecanismo de la audiencia pública. Dado que “el sistema de audiencia pública es el medio más idóneo para obtener una participación ciudadana acorde a los parámetros previstos en la constitución nacional y el derecho convencional”, así lo expresó Daniel Fornies, del área de Defensa de Consumidores de la Defensoría del Pueblo.
Postura de Vialidad Nacional ante la presentación
En la respuesta de Vialidad Nacional acerca del pedido de la Defensoría, primeramente se explaya que (…)”las estaciones de peaje se encuentran ubicadas a lo largo de toda la red vial nacional concesionada en once provincias de nuestro país, por lo cual resultaría fácticamente imposible llevar a cabo una consulta ciudadana de manera presencial en un único lugar”. La Defensoría del Pueblo refuta dicho impedimento, dado que Vialidad Nacional tiene delegaciones en todas las provincias, por lo tanto, puede realizar una audiencia pública en todas las provincias donde tiene tramos concesionados.
Luego establece que (..)”En esa sintonía y a fin de velar por la defensa de los intereses de los usuarios del servicio de la red vial, y generar las condiciones necesarias para garantizar el efectivo goce de sus derechos, (…) a través de la Resolución N° RESOL-2023-681-APN-DNV#MOP de fecha 04 de abril de 2023 declaró la apertura del Procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas. (…) donde se establece que (…) “los interesados pueden participar de la Consulta Ciudadana tanto por el Formulario Web disponible como así también a través del Formulario físico para la Presentación de Opiniones y Propuestas (…)”. Y que a través de la disponibilidad de una página web y un 0800 de Centro de Atención al
Usuario,(…) “se cumple con lo establecido en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública brindado en su sitio web la normativa vigente de la Red Vial Nacional concesionada, los cuadros tarifarios aplicables, como así también toda información y/o documentación de interés general”.
Este argumento es desmentido por el organismo provincial dado que se expresa que, para que el usuario pueda generar propuestas en la temática, debe tener acceso a información, clara, sencilla, concreta y comprensible. Desde el Área de Defensa de Consumidores se indica que la información presentada confunde al usuario respecto a lo que es información genérica a lo que es información exclusivamente al incremento tarifario, al plan de obras, a los estudios de costos de las áreas concesionadas relacionadas al incremento tarifario. Se sostiene que la audiencia pública con la presencia de un funcionario, va a permitir que el usuario pueda comprender y preguntar respecto a la información que se le está brindando.
La Defensoría reitera importancia del proceso de audiencia pública
“Entendemos que el proceso para solicitar estos incrementos es confuso y no solo no garantiza una efectiva participación ciudadana, sino que es sumamente restrictivo. Además, es importante saber cómo es la traducción en términos de obras o mejoramientos y los incrementos solicitados de forma detallada y precisa. El proceso de audiencia pública permite tener una explicación más detallada, más clara, más sencilla para mejor comprensión. Solicitamos que pongan a disposición toda la información respecto a plan de obras, recaudación, entre otros”, detallaba el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj.
Además, se recuerda que previamente ya se hizo la solicitud a Vialidad Nacional que se incorpore al su sitio web, información referente a costos, incrementos, plan de obras, y demás información necesaria, a fin de no pasar por alto el derecho de los usuarios a obtener información, buscando así bregar por el resguardo de los derechos de la comunidad.
