Las conversaciones entre los empresarios del transporte y los representantes de los choferes no han logrado llegar a un acuerdo satisfactorio, lo que ha llevado a programar una nueva reunión para el miércoles 21 de junio. Sin embargo, la Unión Tranviarias Automotor (UTA) ya ha inscrito un paro de 24 horas para la próxima semana, lo que agrava aún más la situación.
Después del paro realizado por la UTA el martes pasado, ayer se retomaron las negociaciones, pero las diferencias persisten y no se ha alcanzado un consenso. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte de la Nación ha tomado medidas para mitigar el impacto de esta situación al distribuir $14.000 millones a las provincias. Estos fondos corresponden al Fondo de Compensación al Transporte Público Automotor del Interior y cubren los meses de mayo y junio.
Jose Luis Sabao, secretario de UTA seccional Corrientes, confirmó que se ha inscrito una medida de fuerza de 48 horas para los días jueves 22 y viernes 23 de junio. Sabao explicó que esta decisión se tomó debido a la falta de una propuesta concreta y a la programación de una reunión para el miércoles 21 de junio. Declaró a radio Continental Corrientes: «Si en dicho encuentro no surge nada positivo, realizaremos el paro».
El reclamo del gremio incluye un salario básico de $348.800 para julio, $380.192 para agosto y $414.409 para septiembre. Mientras tanto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que representa a las empresas del sector en el interior del país, ha expresado su preocupación por la continuidad del servicio. Alerta sobre el peligro que representa una posible paralización definitiva debido a la insuficiencia de recursos.
En un comunicado, la Fatap afirmó que «la negociación paritaria en curso se encuentra severamente condicionada por la insuficiencia de recursos que permitan a esta representación empresaria asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo». Además, destacaron la crisis prolongada que vive el transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país y advirtieron que, de no tomarse medidas urgentes, podría llevar a una paralización definitiva, provocando la pérdida de empleos y capital nacional, y afectando la vida diaria de millones de ciudadanos. Las empresas reclaman una deuda por parte del Estado nacional de 23.500 millones de pesos.
Por otro lado, el Ministerio de Transporte anunció ayer la distribución de $14.000 millones adicionales a las provincias, como parte del Fondo de Compensación al Transporte Público Automotor del Interior. Además, informó que en febrero se habían distribuido $28.000 millones para los primeros cuatro meses del año. Según el Presupuesto aprobado por el Congreso, se espera que la asistencia económica del Gobierno nacional al interior del país a través del Fondo Compensador aumente en un 1305% en comparación con 2019, cuando se transfirieron $6.000 millones al sector.
La próxima reunión entre el sector empresarial y los trabajadores está programada para el miércoles 21 de junio a las 16:00 horas, en la cual se esperan avances significativos para evitar el paro y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
