La relación entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia volvió a tensarse en las últimas horas. Es que el Poder Ejecutivo resolvió no girar los fondos para pagar los aumentos de los empleados judiciales. El encargado de la negativa fue el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien le dijo al máximo tribunal que para pagar esos incrementos use los recursos ya asignados o los fondos propios.
Rossi les contestó esta misma tarde al planteo, después de que durante el día circulara en los chats de judiciales y periodistas un documento viejo como si fuera una respuesta actualizada. No obstante, el sentido era el mismo y lo que cambiaba eran las frases.
“Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con relación a la nota con fecha 6 de septiembre del presente año, en la que se reitera el pedido de modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios, a efectos de otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 01 de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación”, comenzó Rossi en su respuesta.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo LorenzettiY agregó: “Tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles. Por ello, en diversas ocasiones, esta jefatura ha solicitado que los requerimientos de incremento presupuestario que realice su jurisdicción sean con fuente de financiamiento 13 – Recursos con afectación específica”.
El Gobierno subrayó que “los recursos que refiere la Ley N° 23.853 de autarquía del Poder Judicial, tienen reflejo presupuestario en la Fuente de Financiamiento 13- Recursos con Afectación Específica, conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder (artículos 2º y 3º)”. Y resaltó que “la buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”.
Además, subrayó: “Asimismo, les he manifestado que a la hora de determinar los aumentos salariales deben considerar que los mismos impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación, según las disposiciones del artículo 61 de la Ley N° 27.148 y de los artículos 49 y 50 de la Ley N° 27.149, debiendo ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional, afectada producto de la coyuntura económica generada por la sequía”.
El funcionario, candidato a vicepresidente por el Frente Todos, destacó: “Cabe señalar que el Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial asignando crédito para Gastos en Personal con Fuente 11 – Tesoro Nacional en la DA 356/2023 y en el DNU 436/2023 por un total de $10.000 millones”.
