La defensa de la vicepresidente se basa en que la jueza Ana María Figueroa no intervino en el fallo por su cesantía emitida por la Corte Suprema.
Cristina Kirchner pidió este lunes que se declaren nulos los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que revocaron sus sobreseimientos y ordenaron que se efectúen juicios orales en las causas «Los Sauces-Hotesur» y el memorándum de entendimiento con Irán.
Según la defensa de la ex presidente, dichas resoluciones fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, cesanteada de su cargo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber llegado a los 75 años de edad, la máxima que establece la Constitución.
«A tal efecto la Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada (Ana María Figueroa) a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa», sostuvieron en las apelaciones.
La Sala I de Casación había realizado los sobreseimientos de Cristina Kirchner y el resto de los acusados en los dos expedientes. Además, ordenó que hagan juicios que implican a Máximo Kirchner, a diferencia de su hermana Florencia, quien fue desvinculada de la causa. Dichos fallos fueron firmados por los jueces Diego Barroeetaveña y Daniel Petrone.
La ausencia de Figueroa fue uno de los argumentos que los abogados de CFK sostuvieron en sus apelaciones para que los casos sean elevados a la Corte Suprema. La defensa calificó de «arbitraria» cada una de las resoluciones debido a que no se explicaron «»las razones por las cuales la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia únicamente con el voto de dos magistrados».
La defensa sostiene que la ley «hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces», aunque, sin embargo, dicha norma es de «dudosa constitucionalidad».
