La fiscal platense Betina Lacki decidió imputar al concejal Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, en la causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau. Ambos son referentes políticos del puntero que fue sorprendido con 49 tarjetas de débito. Además, en las últimas horas, el juez Guillermo Atencio rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la abogada de Albini padre e hijo.
En su resolución, el juez explicó que ambos están imputados por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. Y detalló que hasta ahora la suma total de ese fraude serían 800 millones de pesos. “Tengo para mi que la decisión respecto del otorgamiento de este beneficio, debe supeditarse en el caso a valoración de la modalidad del hecho. En efecto; la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, explicó Atencio al momento de rechazar la eximición de prisión.
Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos. Actualmente, según declaró un testigo que luego se desdijo, reportaba a Facundo Albini, actual concejal de La Plata y ex director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura.
Esta mañana, en otra resolución, el juez Atencio también rechazó un pedido de eximición de prisión para 47 de 48 dueños de las tarjetas de débito, que también quedaron imputados en la causa por los mismos delitos que Albini y su padre. Muchos de ellos estaban citados para declarar en calidad de testigos.
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El juez tuvo en cuenta varios factores para rechazar el pedido de eximición de prisión de esas 47 personas: “El alto monto dinerario defraudado al erario público; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados – teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y; la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados, asi me permiten concluir”.
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Fuente: Infobae.
