Una multitud marchó hoy por las calles de Resistencia, y se congregó frente a las Torres Judiciales ubicadas en Laprida y Sarmiento, donde se encuentran los juzgados civiles. La medida se dio fundamentalmente por la medida cautelar que suspende el proceso de regularización laboral.
Dese UPCP indicaron que los Decretos que instrumentan un acuerdo paritario homologado por la Dirección Provincial del Trabajo, son ley para las partes y deben ser cumplidos por el Poder Ejecutivo y por los Sindicatos. La medida cautelar dictada por un Juez de Primera Instancia afecta el orden institucional y sería una grave violación a sus funciones desde el momento que en su fallo cita leyes de la dictadura militar y normativa dictada en consecuencia que no están vigentes.
Ratificó el Secretario General de UPCP que el proceso de regularización laboral, de compañeros que en algunos casos hace 20 años que trabajan en la informalidad, forma parte de una política de estado acorde con el nuevo ordenamiento jurídico que rige las relaciones de empleo público, el Convenio Colectivo de Trabajo.
Basta de imposición! Así afirmaron desde UPCP: “hoy estamos en igualdad de condiciones con la patronal y todo lo relacionado con el trabajador , sus condiciones laborales, de empleo y salario, el Gobierno tiene el deber legal de tratarlo en Paritarias».
El accionar del Fiscal de Estado y del Juez de Primera Instancia
Además consideraron que el accionar del Fiscal de Estado y del Juez Civil y Comercial Nro. 17 amerita el estudio de los remedios constitucionales que tiene la ciudadanía para defenderse de ataques directos al derecho a trabajar, a la estabilidad laboral y a trabajar en el marco de la formalidad en el Estado Provincial. Por eso remarcaron: “La suspensión del proceso de regularización laboral perjudica a miles de trabajadores y trabajadoras que se merecen un trabajo decente y afecta a los ciudadanos y ciudadanas, que deben tener acceso a servicios públicos de calidad y eficientes, cuya continuidad no se puede garantizar si falta recurso humano.
Advirtieron que todas estas acciones estarían respaldadas por el Gobernador Electo, y conforman una planificación muy bien pensada para destruir los derechos laborales conquistados por todos los trabajadores del Sector Público.
