El juez Víctor del Río juró por primera vez como presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco desde su ingreso en 2021. Lo hizo durante un acto realizado en el salón auditorio del máximo tribunal provincial en la ciudad de Resistencia.
Estuvieron presentes sus pares: Emilia María Valle, Alberto Mario Modi, Enrique Varela e Iride Isabel María Grillo; el gobernador Leandro Zdero, la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado; el procurador general Jorge Canteros y la defensora general Alicia Alcalá. Así como el presidente subrogante del STJ de Formosa Guillermo Alucín; el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo Jorge Gómez; el ministro de Hacienda y Finanzas José Alejandro Abraam; el diputado nacional Aldo Leiva y legisladores provinciales.
Además, asistieron el rector de la UNCAUS Germán Oestman; el vicerrector de la UNNE José Leandro Basterra; el decano de la UTN Regional Resistencia Jorge De Pedro; el decano de la Facultad de Derecho de la UNNE Mario Villegas y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata Aníbal Gronda.
También participó del acto el fiscal de Estado Roberto Alejandro Herlein; el secretario Coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez; la secretaria general de la Gobernación Carolina Beatriz Meiriño; la asesora general de Gobierno María Alejandra Ferreyra; el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero; la vicepresidente de la Cámara Federal Delfina Denogens; el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Enrique Bosch; jueces federales Zunilda Niremperger y Ricardo Mianovich; la presidenta y vocales del Tribunal de Cuentas Elda Pértile, Beatriz Bogado y Oscar Cáceres; el procurador adjunto Miguel Fonteina y la defensora adjunta Gisela Gauna Wirz, magistrados y funcionarios de la justicia provincial. Y el presidente del Consejo de la Magistratura Héctor Zalazar; la subsecretaria de Justicia Elisa Fernández Aselle; el subsecretario de pueblos originarios Alberto Daniel Ramírez; la coordinadora del Poder Judicial para las comunidades indígenas Elizabet González y el presidente del SECHEEP Hilario José Bistoletti.
En representación de la Base Aérea Militar de Resistencia Julieta Luque; el jefe de la prefectura Barranqueras Fernando Borghi; la jefa del Servicio Penitenciario Provincial Gilda Erika Maidana; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Fabiana Bardiani; y los presidentes de Consejos y Colegios de Abogados de la provincia, por Resistencia Ricardo Urturi y José Galassi, y por Villa Ángela Cecilia Arroyo. Representes de las entidades gremiales Graciela Aranda, Walter Bernard, Daniel Antón, Nicolás Piñero y Osvaldo Mambrin; el presidente de la Fundación Urunday José Eidman; familiares e invitados especiales.
El orden de subrogancias para 2024 será: Valle, Modi, Varela y Grillo. En tanto que las salas quedaron integradas de la siguiente manera: Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Varela (presidente) y Modi y Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Grillo (presidenta) y Valle. Mientras que para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Del Río, Valle, Modi, Varela y Grillo.
Ejes del discurso
El discurso que brindó Del Río tuvo como ejes la política salarial, estructura de cargos, obras, acceso a Justicia, coordinación de pueblos indígenas, capacitaciones y planificación estratégica, informática, Instituto Médico Forense.
Agradeció la presencia del Zdero y Delgado en lo que consideró «una muestra del respeto institucional a este poder del Estado»; así como la confianza que sus colegas del STJ depositaron en él para presidir el tribunal.
En cuanto a la política salarial subrayó que «luego de una serie de reuniones mantenidas con el Poder Ejecutivo provincial y afectados por el contexto inflacionario, se consiguió el dictado de la Ley 3971-A. La revisión entonces, será calculada y percibida en forma trimestral durante el próximo año».
En ese sentido pidió «encontrar una solución definitiva a esta conflictividad. La solución prevista en la ley, es justa, y requiere el pago de la porcentualidad necesaria para alcanzar la media nacional».
Así recordó que el Chaco tiene los jueces con los salarios más bajos del país y, además, una justicia a la que se le asigna uno de los porcentajes más ínfimos dentro de los presupuestos que en 2023 representó 3,25% del total y en 2024 rondará 4,5%.
«Esto da cuenta de la austeridad presupuestaria, que de igual manera administramos en forma eficiente y transparente. El ingenio y creatividad ha permitido mantener al Poder Judicial del Chaco en la vanguardia de los poderes judiciales», manifestó.
Más adelante resaltó la decisión de «restringir a su mínima expresión la discrecionalidad para el ingreso al Poder Judicial. Siendo el concurso la forma de ingresar como empleado, respetando los listados de aquellos que aprobaron en cada circunscripción judicial».
«Hemos evitado un aumento exponencial del plantel, dando un testimonio de austeridad y responsabilidad en materia de cargos y estructura. Contamos actualmente con un total aproximado de 4.200 personas, número que se viene manteniendo estable en estos últimos años, porque hemos sido responsables en la utilización razonable de estos recursos», reflexionó.
Luego valoró los concursos realizados para pueblos indígenas y personas con discapacidad que significan «una real inclusión y acceso a justicia de personas en situaciones de vulnerabilidad».
En el mismo sentido destacó el concurso para quienes revestían cargo de ordenanza y cumplían tareas administrativas que permitió acceder como escribientes a aquellos que lo aprobaron.
El trabajo con el desarrollo humano incluyó un proceso de reorganización de las oficinas dedicas al tema «abordando temas tan graves como la violencia laboral». «Es un proceso aún en definición, pero tendiente a cumplimentar lo previsto en dicha normativa», dijo.
También repasó las obras realizadas en 2022 y 2023, entre las que destacan los SUM de General San Martín y Charata que serán las salas de audiencia para los juicios por jurados en esas circunscripciones a partir del próximo año; la refacción completa del edificio de Tribunales de Charata, la refacción del Misión Nueva Pompeya luego de los actos que tuvieron lugar en marzo de este año y la ampliación del Juzgado de Paz y Faltas de Miraflores.
Así mismo calificó de «imperiosa» la necesidad de continuar con la obra del fuero civil y comercial en las torres de la avenida Sarmiento y la construcción de una sala de juicio por jurados en Resistencia.
Al abordar el acceso a Justicia ponderó la aprobación e implementación de la Guía de Aproximaciones al Lenguaje Claro a partir de la cual «ya se advierten excelentes experiencias que permiten generar sentencias claras y comprensibles y así mejorar la comunicación con la sociedad».
También consideró que se ha «consolidado el sistema de enjuiciamiento penal con jurados populares» que desde 2019 ha «revolucionado el funcionamiento del fuero penal» y permitió alcanzar «un alto nivel de confianza y legitimación ciudadana».
En 2022 fueron implementados en Sáenz Peña, Villa Ángela y Castelli; y en 2024 «seguramente comenzarán los juicios en Charata y General San Martín con lo cual se completa este sistema de enjuiciamiento por jurados en toda la provincia». Hasta la fecha hubo 55 juicios mediante este sistema en toda la provincia, 17 en 2022 y 26 en 2023.
«Queremos reconocer el fundamental trabajo de la Coordinación de Pueblos Indígenas. Nexo fundamental entre los pueblos Indígenas y el poder judicial. Su función es primordial para el acceso a Justicia y a la Justicia. De esta manera se van superando barreras idiomáticas, culturales y geográficas. Está conformado por agentes Qom, Wichi y Mocovi y los Peritos traductores e intérpretes de lenguas indígenas», precisó.
Del Río aseguró que «su acompañamiento no solo es judicial sino también extrajudicial. Es una mano abierta y extendida para escuchar sus demandas, es ese espacio donde pueden acudir para encontrar respuestas o ser articuladas con otras dependencias del Estado».
En otro momento de su alocución definió al Centro de Estudios Judiciales, que cumplió 45 años, como «un polo afianzado de capacitación y especialización» y «el más reconocido centro de capacitación estatal de la zona».
El año que viene comenzará a funcionar el primer Plan Estratégico Consensuado del STJ, una herramienta de gestión que «gestión fortalecerá la continuidad y publicidad de políticas estratégicas basadas en el diálogo y el consenso interno».
Luego recordó el hackeo a los servidores ocurrido en 2022 y enfatizó que el Poder Judicial del Chaco fue «una de las pocas instituciones públicas que hemos sorteado tal acción delictiva». A partir de este punto detalló que fueron invertidos $455 millones entre 2022 y 2023 en tareas de recupero y medidas de contingencia que de readecuar las políticas de ciberseguridad y respaldo a los nuevos protocolos. Además fue creado el Comité de Seguridad de la Información, entre un amplio abanico de otras medidas de seguridad.
Posteriormente reconoció al Instituto Médico Forense como un laboratorio de vanguardia en la región y en el país en el que fueron invertidos $21 millones en 2022 y más de $68 millones en 2023 para su mantenimiento y ampliación.
En tanto señaló que durante el «Lanzamiento del año judicial» que se realizará el 9 de febrero de 2024 en Charata presentará el plan de gestión y los proyectos a realizar durante su presidencia.
«Nuestro amparo y refugio está en la Constitución»
Luego afirmó: «seguiremos trabajando incansablemente para mejorar las políticas públicas que hagan a la modernización de la justicia, para asegurar la garantía del plazo razonable, pero esencialmente manteniendo siempre la mirada convencional y constitucional en nuestras decisiones».
«Las respuestas que espera nuestra sociedad provincial son muchas, algunas de ellas acuciantes y desesperadas» y agregó: «en tiempos de crisis, nuestro amparo y refugio está en la Constitución. Sin un Poder Judicial independiente no hay República, no hay vigencia de la Constitución, no hay protección de derechos individuales ni límite alguno al ejercicio abusivo de poder».
Así señaló: «vivimos un estado constitucional del Derecho, basado en principios y valores que se constituyen en fuente ordenadora de todo el derecho para responder a la protección del ser humano».
A continuación citó un precedente del STJ en un voto conformado por las juezas Lucas, Valle y Grillo: «La fuerza vinculante directa de la Constitución supone que las cláusulas constitucionales no son meros programas, expresiones de deseos, ni consejos políticos, sino mandatos imperativos y por ende dispositivos, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica. La Constitución organiza y regula las relaciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el ejercicio de las libertades, y en este sentido es una garantía o seguridad que nos protege frente a los dos peligros extremos que pueden afectar a una sociedad, el despotismo y la anarquía».
En esa línea aseguró que los 40 años de democracia «exigen de nosotros sus funcionarios o representantes sociales, contribuir a la cultura de la paz y el respeto mutuo, dejando en el pasado lo arbitrario, el autoritarismo o el menoscabo de las garantías individuales de los ciudadanos».
«Las rivalidades políticas circunstanciales, las diferentes miradas de la sociedad, no deben poner en riesgos los esfuerzos por consolidar la democracia en Argentina», precisó.
También subrayó que la defensa del Estado de derecho «no es una búsqueda solitaria en manos exclusivas del poder Judicial, sino una tarea del conjunto» y pidió reafirmar juntos «el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que de allí se derrama».
Del Río dijo que «la independencia del Poder Judicial algunas veces puede molestar, pero asegura la calidad de las instituciones de esta Provincia, en ese delicado juego equilibrado de poderes con un control recíproco y armónico de madurez republicana».
Por otra lado negó que exista una actitud «paternalista ni corporativa» y señaló que es solo «de respeto a las decisiones de cada magistrado/a. Creemos en la honorabilidad, honestidad y dedicación de la magistratura chaqueña. Pero también creemos en los mecanismos constitucionales y legales para ser aplicados en caso de que algún magistrado se desvié de dichas exigencias republicanas. En esta tarea los integrantes del STJ han dado testimonio de responsabilidad al momento de peticionar o someter a jury a jueces que se apartan de estos lineamientos».
«Quienes formamos parte de este poder, debemos brindar condiciones de atención de calidad y condiciones funcionales para poder brindar tutela judicial, real y efectiva», aseguró.
En el tramo final remarcó que están comprometidos a escuchar, a comunicar mejor y a ser «canales de diálogo para mejorar nuestras respuestas». «Con la ofensa o el ataque no se logra cambiar o mejorar las instituciones. Las soluciones solo son posibles mediante un trabajo coordinado y el debate respetuoso de ideas. La forma racional es convocando o siendo convocados a trabajar para mejorar aquello que no funcione en las condiciones esperadas», afirmó.
En tal sentido expresó: «lo que no se logra componer debe necesariamente contar con una decisión jurisdiccional que ponga fin al pleito y estas decisiones deben ser respetadas si superan el test de razonabilidad y no sean arbitrarias».
Por último pidió que todas las autoridades busquen «la prudencia, sabiduría y diálogo necesario. Nuestra ciudadanía quiere vivir en paz» y parafraseando al Papa Francisco: «la paz no es un producto industrial, la paz es un producto artesanal. Se construye cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor».
