El Gobierno nacional apeló el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, que habilitó la feria judicial de verano para tratar uno de los amparos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía.
La encargada de realizar la apelación fue la Procuración General del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, al cuestionar el fallo en el que el magistrado habilitó la feria para analizar el amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el primero de casi 50, y por medio del cual también desarmó lo que tramitaba como “amparo colectivo”.
Antes del inicio de la feria, el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°2, Esteban Furnari, había catalogado el reclamo de esa manera, de modo que lo que resolviera en ese planteo impactaría para todos y no sólo a quienes se presentaron.
Sin embargo, Lavié Pico señaló que cada planteo se refería a una cuestión diferente del DNU y, por eso, desarmó el amparo colectivo, mientras que el Gobierno pretendía concentrar todas las presentaciones en un único juzgado.
La presentación firmada por dos abogados de la Procuración del Tesoro, a la que tuvo acceso Infobae, sostuvo sobre la decisión de este último magistrado: “El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”.
Con la apelación, el Gobierno pretende que el fallo que habilitó la feria judicial de verano sea revisado por Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández y Carlos Grecco, y sostener así el mega DNU.
Además, la administración de Milei presentó un recurso extraordinario contra los fallos del pasado 3 y 4 de enero, por medio de los cuales la Cámara del Trabajo suspendió el capítulo laboral del DNU. El primero de ellos hizo lugar a la medida cautelar pedida por los abogados de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el segundo, a una presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El objetivo de la Procuración del Tesoro es quitarle al fuero laboral esos dos expedientes y que se acumulen en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal.
Antes de sus presentaciones, el Procurador del Tesoro reivindicó el fin de semana pasado las facultades con las que cuenta Milei, al afirmar que “la Argentina es un país hiperpresidencialista”. Barra agregó que “si el Congreso se siente ofendido por el DNU puede anularlo o echar al jefe de Gabinete (Nicolás Posse) sin causa, entre otras prerrogativas”.
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Fuente: El Canciller.
