Este lunes el Gobierno llevó a cabo un allanamiento en un depósito del hospital Perrando, a raíz de una denuncia anónima recibida el jueves pasado sobre medicamentos y elementos abandonados, vencidos y algunos sin vencer en el área del aislamiento. En la búsqueda, detectaron que la refrigeración estaba encendida en un sector y descubrieron cajas de conservadoras e insumos por lo que realizaron la denuncia correspondiente.
Si bien aún no hay resultados específicos del procedimiento y de que drogas se tratan, el Secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez aseveró que «si hay medicación vencida hay responsabilidad de jurídicos, sobre todo cuando tenemos una carencia gigantesca en los hospitales del interior porque el gobierno de la provincia antes de dejar el mandato no nos dejó nada, ni un paracetamol».
A su vez, Gutiérrez detalló que se requirió «que vaya un responsable del área de farmacia cuando nos anoticiamos de esto y en ese marco abrió la puerta y el ministro (de Justicia) pudo constatar esta situación».
Si bien el funcionario de coordinación no pudo establecer desde que fecha se encuentran los medicamentos en ese depósito, señaló que «va a depender de la investigación y hay que ver las ordenes de compra de esos medicamentos y la entrega».
En esta sintonía, indició «tenemos serias dificultades con temas de este tipo porque hay que determinar las responsabilidades y que el medicamento si se entregaron hayan llegado a los responsables porque estamos viviendo situaciones en muchos hospitales que llegan la medicación y a los dos días ya no hay»
Gutiérrez añadió que se»estiman que por lo menos el 20 o 30% de estos elementos descartables estarían en muy malas condiciones y va ser muy difícil repartirlos».
«Vieron las imágenes de los camisolines y demás que están acá, pero los hospitales del interior están atiborrados es decir que si le mandamos una caja nos sacan corriendo porque no los necesitan. Eso también es perjuicio del Estado, en la compra en exceso de estos elementos», explicó.
«Hay responsables y los tenemos identificados que seguramente serán pasibles de acción penal porque había una comisión que era la que autorizaba la compra y tenía que revisarla», reveló el funcionario.
