A partir de una denuncia que fue realizada por diputados de juntos por el cambio en contra de la ex ministra de ambiente y desarrollo territorial Marta Soneira, donde se denunció que se recibieron más de 4100 millones de pesos para destinarlos al proyecto de urbanización del barrio La Rubita, y el mismo nunca fue terminado, es que desde nación se comenzó una investigación que ponen foco a los fondos fiduciarios del gobierno anterior.
El proyecto de «La Rubita», era parte de una caja negra política manejada por Juan Grabois junto a Fernanda Miño quien en su momento manejaba el fondo fiduciario que era destinado a la provincia del Chaco además de ser dirigente del movimiento de trabajadores excluidos «MTE» y de la FISU.
Durante la gestión de Alberto Fernández se realizó un convenio en el cual nación debía transferir $2.257.444.826 para la urbanización del barrio ubicado en la ciudad de Resistencia, el plazo a llevarse a cabo de este proyecto era en total de 20 meses y el mismo debía estar finalizado para el mes de octubre del 2023 aproximadamente, dos meses antes de qué finalice la gestión de Alberto Fernández.
Este proyecto comprendía un total de 165 viviendas más la urbanización del barrio; del total de las viviendas solamente se terminaron 15 y el resto se entregaron igual con faltantes de baños, techos, ventanas, puertas y en la mayoría de los casos sin conexiones de luz y agua, en cuanto al proyecto de urbanización tampoco fue finalizado por lo que las obras se pararon, las calles para acceder al barrio quedaron cortadas y en mal estado, en su gran mayoría los vecinos quedaron sin agua y sin luz y al momento no se les ha brindado ninguna asistencia ni respuesta a los mismos.
Cabe recordar que ademas del total de viviendas, que ya tenia destinado el grupo de personal al que debían entregarse, muchas habrían sido entregadas a familiares y conocidos de políticos y referentes, por lo que a algunas de las personas que no se les fue entregada, le dieron un terreno chiquito o casillas de madera.
