La defensa de Rodríguez, ex funcionario de AFIP, se oponía a la entrega de toda la información con argumento en el derecho a la intimidad. El Tribunal de Apelaciones dispuso que se realice una audiencia y se procese todo en presencia de las partes, bajo secreto, y rechazó planteos para apartar al juez de la investigación.
La Cámara Federal porteña ordenó este martes procesar la información de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos del exfuncionario Fabián «Conu» Rodríguez en la causa por presunto espionaje a jueces en una audiencia de carácter reservado, con la presencia del juez del caso, la defensa y las partes acusadoras, al revocar una resolución que limitaba el acceso a esos datos.
Se trata de la causa en la que está detenido Ariel Zanchetta, un expolicía acusado de presunto espionaje ilegal a jueces del fuero federal y de la Corte Suprema, entre otras víctimas, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal de Apelaciones intervino por la situación generada con los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa a otro imputado, el exfuncionario de la AFIP en el gobierno anterior, Fabián «Conu» Rodríguez, cuya defensa se oponía a la entrega de toda la información a las partes con argumento en el derecho a la intimidad.
Los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun ordenaron ahora al juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi convocar a todas las partes para el «procesamiento» de la información «en una audiencia conjunta» llevada adelante de forma tal que permita control posterior y bajo secreto.
En ese trámite «la totalidad de los elementos descargados de los dispositivos (una vez concretado ello) serán puestos a disposición del director del proceso para que, frente a la compulsa de aquellos, requiera la opinión de la defensa (que ya hizo un listado referido a la pertenencia y contenido de los aparatos) y el control de la fiscalía (a través de su exhibición, de ser necesario) y la querella», según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
El juez determinará «qué curso de acción adopta con relación a cada carpeta o documento concreto (etc), sea excluyéndolo de la instrucción -por manifiestamente ajeno a su objeto- o incorporándolo a ésta dando así pleno acceso a las partes para su compulsa adecuada (o incluso procediendo de algún otro modo exigido por la ley, llegado el caso).», determinaron.
La Cámara revocó una decisión de Martínez De Giorgi, quien había determinado que daría acceso a las partes luego de procesar toda la información en su juzgado y determinar cuál era «pertinente y de utilidad» para la investigación para «resguardar el derecho constitucional a la intimidad» de Rodríguez y su familia.
Esta decisión fue apelada por el fiscal del caso Carlos Stornelli y la querella de Fernando Iglesias.
El 9 de noviembre del año pasado, Martínez De Giorgi ordenó extraer información de los dispositivos electrónicos secuestrados a Rodríguez, pero la defensa se opuso a la entrega de la totalidad de los datos a las partes.
Ahora el Tribunal de Apelaciones dispuso que se realice una audiencia y se procese todo en presencia de las partes, bajo secreto, y rechazó planteos para apartar al juez de la investigación.
