Funcionarios de distintas provincias de la Argentina advirtieron este martes
por la suba de tarifas en el transporte de pasajeros, en su mayoría superiores a los $ 1.000, a partir del recorte de subsidios por parte del Gobierno nacional.
En tanto que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal reclamando el pago del subsidio nacional destinado al servicio de transporte.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, remarcó que «con el anuncio de Economía de Nación, quien pagaba $ 1.800 para ir de Madariaga a Villa Gesell, va a pagar $ 5.000», y agregó que algo similar «va suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca; por ejemplo, Punta Alta-Bahía Blanca va a ser $ 2.000 o $ 3.000, afecta a todo el interior».
En esta línea, opinó que «la quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley ‘ómnibus'», e instó que desde la administración «reflexionen, esto no se lo están haciendo a un Gobernador, se lo están haciendo a la gente».
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, aseguró que esa provincia «reclama la devolución de subsidios que le son propios» y apostó al «diálogo» para darle una solución al conflicto desatado a partir de la decisión del gobierno nacional de eliminar subsidios a las provincias.
«En enero de este año los santafesinos aportamos pagando impuesto a los combustibles unos $ 3.900 millones, de los cuales solo volvieron $ 490 millones por coparticipación», precisó en diálogo con Radio 2 de Rosario.
También el secretario General del gobierno santafesino, Juan Cruz Cándido, aseguró que «Santa Fe ya viene poniendo plata en el sostenimiento del sistema y esos recursos van a seguir estando», pero afirmó que no puede «garantizar la cobertura de los recursos que Nación dejará de aportar, por ende va a haber un cambio en la tarifa».
En tanto, el secretario de Transporte de Córdoba, Marcelo Rodio, afirmó que el boleto del transporte urbano en la ciudad capital rondaría «entre $ 1.100 y $ 1.200», mientras que «en el interior de la provincia, en el transporte interurbano tiene que regir una suba de cerca del 40% o 50% porque al sacar los subsidios nacionales realmente toca en el boleto y en la gente», explicó a Radio 10.
Además, mencionó que «ayer escuchaba al intendente de San Francisco (Damián Bernarte), que decía que corría riesgo de que no tengamos más transporte público en esa ciudad». Como ejemplo, mencionó el caso de Rosario, donde «la municipalidad estima que la tarifa va a llegar a $ 1.000».
En la
ciudad de San Luis, desde el 1º de febrero el boleto de transporte urbano cuesta $ 250 con subas mensuales de acuerdo a la inflación y los costos operativos, según el aumento aprobado por el Concejo Deliberante de la capital puntana el pasado 30 de enero. A ese ajuste se sumaría ahora el resultante de la quita de subsidios que aún no se ha concretado.
Por ejemplo, un boleto para viajar hacia Villa Mercedes, distante a 100 kilómetros de la capital provincial, ya cuesta desde $ 3.000 pesos hasta más de $ 6.000 de acuerdo el servicio que se elija.
Frente a la quita de los subsidios a las provincias el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aseguró que la provincia «no podría asumir el porcentaje de la quita de subsidios al transporte y que junto a otros mandatarios provinciales y secretarios de transportes buscaran una postura común» para enfrentarlo.
Por su parte el secretario de Transporte de esa provincia, Víctor Cianchino, solicitó «con carácter de urgente» una nueva audiencia con el secretario de Transporte de la Nación para abordar en detalle» la preocupante reducción de los subsidios nacionales y avanzar de manera inmediata en la implementación de la tarjeta SUBE en San Luis».
En la provincia, explicó, los subsidios significan un 38% de los costos operativos, y en la actualidad, por cada $ 100 que ingresan a las empresas de colectivos, $ 45 los aporta el Estado provincial, $ 38 el Estado nacional y los $ 17 restantes provienen de la tarifa que paga el usuario, explicó.
