El proyecto de ley fue presentado por los diputados Nicolás Slimel, Mariela Quirós y Rodrigo Ocampo. “El objetivo es contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”, fundamentaron los autores.
Además con esta propuesta, se pretende mantener la armonía y el equilibrio entre los agentes económicos, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado; ampliar la oferta de productos artesanales o chaqueños producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y proteger su actuación y fomentar a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena.
De sancionarse la ley, la medida alcanzará a Supermercados; Supertiendas; autoservicios de productos alimenticios; autoservicios de productos no alimenticios; cadenas de negocios minoristas; organizaciones mayoristas de abastecimientos; tipificadores-empacadores de productos perecederos; centros de compras. En tanto, quedarán exceptuados del régimen los agentes económicos cuya facturación sea equivalente a las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes).
“Es necesario tomar medidas que protejan tanto al pequeño empresario como al consumidor. La devaluación realizada en diciembre del 2023 por el actual gobierno, el abandono de los controles de precios y la quita de subsidios implica una merma en el consumo de las familias. Asimismo, es necesario fomentar la actividad de las micro y pequeñas empresas de nuestro país así como también la de los productores de la economía popular y de la agricultura familiar, campesina o indígena, ya que esto contribuye a generar puestos de trabajo y a la formalización de ciertos sectores de la economía”, fueron los fundamentos de los legisladores.
