Ariel Ledesma, secretario general de UOCRA, y el diputado provincial Nicolás Slimel impulsan un plan integral que busca fondos para reiniciar las obras públicas paralizadas en la provincia.
En un esfuerzo conjunto para reactivar las obras públicas detenidas en Chaco, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Ariel Ledesma, y el diputado provincial Nicolás Slimel, están promoviendo un proyecto de ley destinado a obtener financiamiento para esta iniciativa.
Ariel Ledesma destacó la importancia de crear una mesa tripartita que incluya al gobierno, las empresas constructoras y los trabajadores. “Estamos buscando un plan integral para la reactivación de la obra pública”, afirmó Ledesma, quien también mencionó que se ha estado trabajando en coordinación con las cámaras de construcción como la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Empresas Constructoras y la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (PIMEC).
El proyecto, según Ledesma, pretende obtener entre 10 mil y 15 mil millones de pesos mediante la recaudación de fondos provenientes de sectores específicos como el juego, el casino y el azar. Esta cantidad podría cubrir el 25% de las 33 obras escolares en curso, mientras que el gobierno provincial seguiría asumiendo la responsabilidad de otras obras. “Queremos que este proyecto se convierta en ley para empezar a trabajar en la reactivación”, señaló.
Por su parte, el diputado Nicolás Slimel explicó que el objetivo es declarar la emergencia en el sector de la construcción y formar un comité integrado por representantes del poder ejecutivo, legislativo, trabajadores y empresarios. Este comité se encargará de determinar la distribución equitativa de los fondos. “Estamos tomando ejemplos de otras provincias y necesitamos conformar este comité para empezar el proceso de reactivación”, indicó Slimel.
Slimel también mencionó posibles fuentes adicionales de financiamiento, como aumentar temporalmente las alícuotas a los bancos, que actualmente son las más bajas del país, y regular los juegos de azar virtuales para combatir la ludopatía. Además, se discutirá la implementación de un retiro voluntario en la administración pública y un aporte extraordinario del 12% por parte de los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Este aporte podría generar entre mil y mil quinientos millones de pesos, lo que cubriría el 20% de los costos de las obras escolares.
Ambos líderes enfatizaron la necesidad de una colaboración multisectorial para superar la crisis y aseguraron que, de aprobarse la ley, la reactivación de las obras públicas contribuirá significativamente al crecimiento económico de la provincia y al bienestar de sus ciudadanos.
