El Congreso aprobó una ley que establece una nueva fórmula para las jubilaciones, contemplando el IPC y un adicional por RIPTE. La medida representa una derrota para el oficialismo y enfrenta la amenaza de veto presidencial.
En una extensa sesión que se prolongó por más de ocho horas, la oposición unida en la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta nueva fórmula incluye una recomposición mayor a la otorgada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24 y establece un piso para el haber mínimo, desafiando al presidente Javier Milei, quien ya ha anunciado su intención de vetar cualquier ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal.
El dictamen aprobado fue el de la minoría, después de que el de la mayoría (Unión por la Patria, UP) fuera rechazado por 135 votos en contra, 99 a favor y 7 abstenciones. Posteriormente, el proyecto impulsado por los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal (IF) y Coalición Cívica (CC) obtuvo 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.
El acuerdo alcanzado entre el sector más duro de la oposición y los bloques dialoguistas establece un cálculo basado en el índice de inflación (IPC) y un aumento adicional del 50% en marzo de cada año basado en la variación salarial (RIPTE). Además, se garantiza un haber mínimo equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.
La iniciativa busca compensar la insuficiente recomposición del 12,5% otorgada en abril por el gobierno mediante el DNU, proponiendo un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de los jubilados. Toda la oposición, incluso el Pro que se alineó con La Libertad Avanza, coincidió en la necesidad de ajustar las jubilaciones según la inflación más alta del año, que en enero alcanzó el 20,6%.
Durante la sesión, se leyeron y aceptaron cambios a los artículos 4 y 10 del proyecto, presentados por el diputado radical Lisandro Nieri, que formaban parte del acuerdo con la bancada liderada por Germán Martínez. Estos cambios abordaban la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar deudas previsionales, un punto de discordia entre los dictámenes.
La principal diferencia entre las propuestas radicaba en el uso del FGS de la ANSeS. Mientras que el kirchnerismo se oponía a tocar este fondo, los otros bloques proponían utilizarlo para cancelar deudas con las provincias y pagar sentencias firmes por juicios de reajuste. Finalmente, los legisladores del oficialismo cordobés accedieron a los cambios propuestos.
Durante el debate, los bloques dialoguistas defendieron su propuesta destacando la “responsabilidad” y “razonabilidad” fiscal en comparación con la propuesta inicial de UP y con el dictamen de la izquierda, que planteaba el 82% móvil y otras medidas. La izquierda, por su parte, se abstuvo de votar argumentando que se necesita una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este nuevo escenario legislativo representa un desafío directo al gobierno de Javier Milei, quien deberá decidir si veta o no esta ley que busca mejorar las condiciones de los jubilados en Argentina.
