El Gobierno ha revelado un nuevo proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se presentará al Congreso para su consideración y posible aprobación.
Actualmente, el régimen penal juvenil en Argentina abarca a jóvenes de entre 16 y 18 años. Con esta propuesta, el «Régimen Penal Juvenil» se adaptará para incluir a menores desde los 13 años, estableciendo sanciones y medidas específicas según el tipo de delito cometido.
De acuerdo con datos proporcionados por el vocero presidencial Manuel Adorni, en 2023 se registraron 2,197 delitos cometidos por menores. En comparación, otros países de la región, como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, fijan la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que en Brasil es de 12 años.
La ministra Bullrich destacó que este proyecto responde a una demanda social: «Estamos cumpliendo con una obligación hacia nuestra sociedad, que no quiere que sus hijos o padres sean víctimas de delitos sin consecuencias para los responsables». Subrayó que el nuevo régimen garantizará que los delitos, especialmente aquellos que resulten en muertes, tengan consecuencias acordes a la edad de los infractores.
El ministro Cúneo Libarona subrayó la necesidad de proporcionar a los jueces las herramientas necesarias para encarcelar a los menores que cometen delitos graves: «Los argentinos de bien sufren diariamente delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a dotar a los jueces de las herramientas estructurales necesarias para encarcelar a quienes delinquen».
El proyecto también contempla medidas para que las sanciones no sean solo punitivas, sino que también sirvan para la rehabilitación de los jóvenes. Bullrich explicó que para penas de entre 3 y 6 años se ofrecerán alternativas al encarcelamiento: «Es crucial porque el entorno del menor es lo que lo empuja a delinquir. Debemos extraerlo de esa situación para que no continúe en la carrera delictiva».
Puntos clave del proyecto:
– Privación de libertad: En establecimientos especiales o secciones separadas de las penitenciarías, bajo supervisión de personal capacitado.
– Comunicación a los padres: Sobre la imputación y demás actos procesales.
– Protección a la víctima: Garantizada por el juez y el Ministerio Público Fiscal.
– Condena condicional: Incluye medidas complementarias como programas educativos, capacitación laboral y tratamiento médico.
– Penas de tres a seis años: Podrán reemplazarse por medidas alternativas si no hubo muerte, violencia grave o lesiones gravísimas.
– Control de cumplimiento: Verificado por el juez o fiscal y, si lo desea, por la víctima.
– Máximo de penas: 20 años, con posibilidad de medidas alternativas tras cumplir dos tercios de la pena.
– Supervisión: Un supervisor designado por el juez dará seguimiento al menor imputado.
El proyecto también establece medidas en caso de incumplimiento de las penas alternativas, procedimientos para menores no imputables, atención psicológica y patrocinio gratuito para las víctimas, así como la posibilidad de mediación y probation para delitos menores.
