La justicia británica ordena a Argentina pagar USD 1.400 millones en un fallo relacionado con la manipulación del Producto Bruto Interno (PBI) durante el gobierno de Cristina Kirchner, tras una apelación desfavorable.
La justicia británica ha dictaminado en contra de Argentina en un juicio relacionado con la manipulación del Producto Bruto Interno (PBI) durante el mandato de Cristina Kirchner. La sentencia, que implica un monto de USD 1.400 millones, fue emitida por los jueces Sara Falk, Martin Lewison y Andrew Popplewell en una instancia de apelación, dejando a Argentina la opción de recurrir a la Corte Suprema del Reino Unido.
El fallo se fundamenta en las discrepancias entre dos series de cifras del PBI utilizadas por los demandantes. Según la sentencia, cambiar la base del PBI real de la serie de 1993 a la de 2004 habría alterado la tasa de crecimiento anual del 6,76% al 3,10% en 2008, una significativa diferencia del 3,66%. Asimismo, las variaciones en las cifras entre las series de 1950 y 1960 también revelaron notables diferencias en las tasas de crecimiento.
Sebastián Maril, un experto en deuda, criticó la estrategia legal de Argentina, calificándola de ineficaz en estos casos, lo que resultó en pérdidas acumuladas, intereses y costos legales. Maril sugiere que es momento de que el presidente adopte una nueva estrategia legal y negocie con todos los acreedores, no solo en los casos relacionados con los «warrants» y el «Cupón PBI», sino también con YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otros.
En 2023, el juez Simon Picken ordenó a Argentina pagar 1.300 millones de euros en intereses por el PBI de 2013 y continuar publicando la serie del PBI de 1993. Este fallo benefició a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que demandaron al país en 2019, reclamando una indemnización de hasta 643 millones de euros (USD 704 millones).
En octubre pasado, Picken prohibió a los acreedores cobrar debido a la situación económica de Argentina. Sin embargo, el país sigue enfrentando múltiples litigios y necesita urgentemente revisar su enfoque legal para evitar más pérdidas financieras. Esta situación subraya la necesidad de un enfoque más proactivo y estratégico en las negociaciones con los acreedores internacionales para mitigar el impacto económico en el país.
La comunidad internacional observa con atención los pasos que tomará Argentina, mientras el gobierno enfrenta la difícil tarea de equilibrar sus obligaciones financieras con la necesidad de proteger la economía nacional y su soberanía.
