Las empresas ferroviarias deberán presentar un plan de readecuación y priorización de obras en un plazo de 15 días
El Gobierno anunció este jueves la declaración de emergencia pública en materia ferroviaria por un período de 24 meses. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo «resguardar la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros». La emergencia abarca todas las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y operación de la infraestructura ferroviaria en la Red Ferroviaria Nacional.
El decreto establece que la emergencia incluye tanto los servicios prestados directamente por el Estado Nacional como aquellos gestionados por otras entidades. Además, indica que «el Poder Ejecutivo Nacional o la autoridad de aplicación designada podrá prorrogar dicho plazo por única vez por otro período de hasta 24 meses», en caso de ser necesario.
Diversas entidades del sector ferroviario, incluyendo Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, deberán presentar un plan de acción en un plazo de 15 días. Estas entidades deberán «elevar al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta de medidas indispensables y urgentes» para mejorar la seguridad operativa del servicio ferroviario.
Las propuestas deben incluir «solicitudes de readecuación presupuestaria» y un esquema de «priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones». Además, deberán detallar «una breve descripción de cada medida, el plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuentes de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad».
En caso de ser necesario, las propuestas también deberán contemplar «adecuaciones de las condiciones laborales de los trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales correspondientes».
La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado tiene un mandato específico en relación con los servicios de transporte ferroviario de pasajeros de las líneas General Urquiza y Belgrano Norte. Para estas líneas, las empresas prestadoras deberán presentar sus propuestas ante dicha administración en un plazo de 10 días desde la entrada en vigencia del decreto. La presentación de estas propuestas «implica el voluntario sometimiento al régimen jurídico instituido» por el decreto.
El Poder Ejecutivo expresó su esperanza de que las medidas propuestas por las empresas del sector ferroviario «contribuyan significativamente a la mejora del sistema». La evaluación y aprobación de estas propuestas se realizará «con la celeridad que la situación amerita», con el objetivo de iniciar lo antes posible las obras y mejoras necesarias.
El gobierno reafirmó su compromiso con el desarrollo y modernización del sistema ferroviario, destacando que este es «un componente clave para el transporte y la economía del país». El enfoque estará en «priorizar las obras y trabajos más urgentes», garantizando la eficiencia y seguridad del servicio mientras se establecen las bases para un sistema ferroviario más robusto y sostenible en el futuro.
