Se trata de una medida tomada por el fiscal Stornelli contra -hasta el momento- 33 personas que participaron ayer de los disturbios en inmediaciones del Congreso en rechazo de la Ley de Bases.
La causa por los destrozos durante el debate de la Ley Bases en el Senado en las afueras del Congreso comenzó a moverse. Por lo pronto, todos los detenidos -en total 33- quedaron a disposición de la jueza federal María Servini, quien comenzará a indagarlos en las próximas horas. El fiscal Carlos Stornelli los acusó por graves delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas y pidió sus prisiones preventivas.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, había anunciado en un comunicado presentarse como querellante en el expediente. Sin embargo, poco después, dio marcha atrás con la decisión. “Dado el requerimiento de Stornelli, no hace falta convertirnos en querellante”, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.
La causa tiene más de 30 detenidos. Una veintena de personas había quedado ayer, miércoles, a disposición de la justicia porteña, y otra decena detenidos por la justicia federal. A eso se sumaron un par de arrestados por robos bajo la órbita de la justicia de instrucción ordinaria. Hoy, los otros fueros decidieron enviarle sus causas a la jueza Servini, quien concentrará desde Comodoro Py 2002 toda la causa.
“Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución”, se señaló desde la justicia porteña al remitir el expediente.
Sobre esa base, el fiscal Stornelli dictaminó que el caso analiza las acciones y conductas “en algún caso bajo posible forma organizada, tendiente a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vía democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso” que se encontraban sesionando.
