Casa Rosada alcanzó de madrugada la sanción de su ambicioso paquete de medidas económicas y fiscales.
Entre los nueve capítulos de la ley Bases, y luego de la eliminación de la reforma previsional, los 238 artículos de la legislación aprobada incluye:
- Facultades excepcionales para el Presidente de la Nación: emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
- Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): esquema impositivo que establece estímulos para captación de fondos productivos extranjeros (de al menos de u$s 200 millones) durante 30 años para el sector forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cuentan con exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año. El Senado estableció que cada provincia pueda definir su adhesión al régimen y un cupo del 20% de adquisición a proveedores locales «siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad».
- Reforma laboral: extensión del período de prueba a los seis meses para empresas con más de 100 trabajadores, de ocho meses para empresas desde seis hasta 100 trabajadores y de un año en empresas con hasta cinco trabajadores. Los sindicatos continuarán cobrando cuotas de los trabajadores aunque no estén afiliados.
- Privatizaciones: se establecen como susceptibles de ser privatizadas a las compañías estatales ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE.
- Modificación de ley de hidrocarburos: se establecen mecanismos de desregularización para priorizar la maximización de la producción para la exportación y la renta, modificando el paradigma que se concentraba en el abastecimiento del mercado interno.
- Obra pública: el Ejecutivo cuenta con potestad para renegociar o rescindir contratos de obra pública o provisión de bienes y servicios, con excepción a aquellos que tengan un 80% de grado de ejecución o tengan financiamiento internacional.
- Reforma impositiva tabacalera: se incrementa el impuesto a los cigarrillos del 70% al 73% y se incluye a la Tabacalera Sarandí.
El proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el punto que llegó con mayor grado de conflictividad e incertidumbre al debate, propone:
- Restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias: quedarían contemplados trabajadores asalariados solteros que perciben un salario bruto de $1,8 millones. En caso de casados con dos hijos, el esquema asciende a $2,34 millones.
- Régimen de Bienes Personales: el piso del pago del impuesto pasaría de alcanzar a personas con patrimonios de $27 millones a las de $100 millones. Se establecen una reducción de alícuotas progresivas del 0,5% al 1,5%, cuando actualmente es del 1,75%. Los contribuyentes pueden pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales con una tasa de 0,45% y lograrían congelar su patrimonio.
- Gastos tributarios: el Poder Ejecutivo deberá eliminar tratamientos impositivos especiales por hasta 2 puntos del PBI en el plazo de 60 días.
- Régimen de Regularización de Activos: se aplica un programa de blanqueo de capitales de hasta u$s100 mil. Las personas que ingresen al régimen no tendrán ninguna penalización por los bienes no declarados y hasta el 30 de septiembre pagarán una alícuota del 5% sobre el excedente declarado a los u$s 100 mil. Desde octubre a diciembre del 2024 esa alícuota asciende al 10%, mientras que desde enero a marzo del 2025 pasa a ser del 15%.
- Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social Disposiciones Generales: se establece una moratoria dirigida a contribuyentes para regularizar deudas vencidas al 31 de marzo del 2024. Dentro de los primeros 30 días de sancionada la ley tendrán una condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios.
- Impuesto a la transferencia inmobiliaria: se elimina la tasa que grava las transferencias.
- Monotributo: actualización en los máximos de facturación hasta los $68 millones anuales (actualmente, esa suma es de $16 millones). Se elimina la prórroga del denominado Monotributo Social.
