Polo Obrero: investigan la emisión de facturas truchas

Politica

El juez federal Sebastián Casanello continúa profundizando en la investigación de dos empresas acusadas de emitir facturas falsas para el Polo Obrero. Según se cree, estas facturas fueron utilizadas para simular gastos y ocultar el destino final de millones de pesos recibidos por la organización como unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo.

Coxtex, fundada en 2020 por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Soledad Vega, es una de las empresas bajo sospecha. Los investigadores han encontrado conexiones entre Coxtex y otras tres empresas creadas por los mismos fundadores: Ciriano Shoes CRL, Recinsur S.A., y VSP Consulting S.A. Se sospecha que los $5 millones transferidos por el Polo Obrero a Coxtex terminaron en estas empresas ficticias.

La investigación está enfocada en rastrear el dinero para descubrir su destino final. Coxtex fue creada en el mismo año en que el Polo Obrero comenzó a recibir fondos del programa Potenciar Trabajo, destinados a la compra de herramientas, materiales y vestimenta para los beneficiarios del programa. La Justicia ha encontrado facturas de Coxtex por suministros de computadoras y software al Polo Obrero por un total de $5 millones. Actualmente, se está investigando dónde terminó ese dinero, que aparentemente no llegó a los destinatarios previstos.

Otra empresa bajo escrutinio es la imprenta Rumbos, que recibió $20 millones del Polo Obrero. La Cámara Nacional Electoral confirmó que Rumbos aportó $18 millones para las campañas electorales e institucionales del Partido Obrero entre 2020 y 2023. Los investigadores sospechan que parte del dinero desviado financió al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.

Rumbos S.A. fue fundada en 2017 por Christian «El Colo» Rath y Roberto Adrián Albornoz, quien ha sido citado a declarar el próximo 25 de junio. Se deberá comprobar si los aportes al Partido Obrero se realizaron mediante una defraudación al Estado Nacional, utilizando el dinero destinado por el exMinisterio de Desarrollo Social para la compra de herramientas y otros elementos necesarios para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La Asociación Civil Polo Obrero, como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, tenía la responsabilidad de asegurar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años, recibió $360 millones del Estado Nacional, de los cuales solo se han rendido $113 millones. Queda por esclarecer el destino de $247 millones que aún no han sido justificados.

La investigación sigue en curso, con la mirada puesta en desentrañar una red de corrupción que podría implicar a múltiples actores y desviar fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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