Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz son los cuatro uniformados acusados de asesinar a Leandro Bravo de 37 años, el 26 de febrero de 2022. Por este hecho y bajo la carátula «tortura seguida de muerte», dos años y medio después serán juzgados en un juicio oral los funcionarios policiales que cumplían tareas en la Comisaría Primera y en el servicio 911 de Charata ese día.
El juicio tendrá lugar en dicha ciudad, según informó la Cámara en lo Criminal con sede en la localidad, y se iniciará en las dependencias ubicadas en calle Monseñor de Carlo al 645, el próximo 5 de agosto , desarrollándose las audiencias hasta el 9 de ese mes, entre las 8:00 y las 13 horas. Si fuera necesario, se extenderá hasta los días 12 y 13 de agosto, en ese mismo horario. El juez de cámara Juan Carlos Clauter presidirá el tribunal colegiado.
En las audiencias previstas estarán presentes Silvia Mariela Slusar, fiscal adjunta en el Penal Especial en Derechos Humanos de Sáenz Peña; Silvana Karina Rinaldis, fiscal de la Cámara de la Tercera Circunscripción de Villa Ángela; Jorge Adrián Ferronato, representante legal de los querellantes particulares (la familia de la víctima); Roberto Sotelo, representante del Comité para la Prevención de la Tortura Chaco, junto a German Alexis Dellamea y Adriana Lorena Acevedo, representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco, también querellantes en la causa; y los defensores particulares, Juan José Bogado, Cesar Luis Collado, Sebastián Quintana, Leandro Fioravanti, Justo Orlando Mencia y Sol Abigail Zarate.
Según explican desde el Comité para la Prevención de la Tortura, Bravo murió «luego de haber sido aprehendido en la calle, sin ofrecer resistencia y tras recibir una golpiza en el suelo por parte de tres policías». El joven llegó al hospital Enrique V. de Llamas «sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas».
¿Qué papel tuvo cada uno?
Según la elevación a juicio, el oficial subayudante Fleitas Noguera, el cabo Sosa y el agente Díaz están acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte; mientras que, al primero de ellos, también se lo acusa por falsedad ideológica. En tanto, Gómez fue imputado como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte.
En marzo de este año, por unanimidad, la Cámara dispuso el cese de la prisión preventiva, no haciendo lugar a la prórroga solicitada por la parte acusadora, y ordenando así la inmediata libertad de los cuatro imputados, condición en que continúan esperando el juicio. «Estuvieron privados de la libertad el máximo tiempo previsto por nuestro Código de Procedimiento. Por eso, si bien llegan (al juicio) en libertad, es por una cuestión técnica-procesal y no por falta de valoración de las pruebas «, explicó el abogado querellante por el Comité, Roberto Sotelo.
