El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad investiga una causa de corrupción en el interior de la provincia. La investigación tiene el foco en 800 personas que eran beneficiarias de pensiones de discapacidad truchas, representando el 10% del Municipio de Taco Pozo, además de autoridades, médicos y colaboradores en el hecho delictivo.
En ese expediente fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, sería aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dinero exigido por parte de los “reclutadores” constan en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos.
“El 97 por ciento de esas Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral son truchas”, aseveró el fiscal. Se trata del expediente 2929/2023 caratulado como “defraudación contra la administración pública”.
El viernes 19 de julio el gobierno de La Libertad Avanza, denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que habría desviado 3.400 millones de dólares. Una auditoría ordenada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, derivaron en una denuncia penal que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
“Solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”, afirmaron desde la ANDIS. “Lo que descubrimos es escandaloso”, sostienen desde el organismo e informan que apenas se hizo cargo de la Agencia, Spagnuolo puso a disposición del fiscal Amad y de otros que investigan causas similares, toda la documentación que la gestión anterior le negaba y que resultaba imprescindible para avanzar en el expediente.
El modus operandi
Según la reconstrucción que hizo la fiscalía: “La maniobra delictiva consistía en reclutar personas quienes se les pedía una suma de dinero para acceder a los beneficios de una Pensión No Contributiva. Estas personas se encontraban en una lista que se manejaba en la Municipalidad de Taco Pozo, a donde debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión del Intendente Ibáñez de la localidad de Taco Pozo, Chaco, quien es intendente de dicha localidad hace más de 20 años”.
En total, se tomaron 27 declaraciones testimoniales, de los cuales, “17 beneficiarios confirmaron y señalaron al Dr. Marcos Gustavo Rojas, director del Hospital Rural Santa Rosa de Taco Pozo, como el firmante de sus Certificados Médicos Oficiales, luego de haber pagado por consultas en consultorios privados de dicha localidad ligados al mismo Rojas.
Una de las testigos Yanina Del Valle Maza declaró bajo juramento “haberle pagado al Dr. Rojas directamente en la casa de éste, la suma de $6.000 para que complete su certificado médico oficial”. Los valores llegaban hasta los $30.000.
Así es que, en su resolución, el fiscal destacó, «todas las maniobras descriptas no podrían ser desplegadas y llevadas a cabo sin la activa participación, conocimiento y autorización del intendente Ibáñez” y continúa, “tal es así, que, desde su lugar, coordinaba y controlaba todas las áreas referentes a la gestión de las Pensiones No Contributivas por discapacidad”.
